Banca Ética de Badajoz es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es depositar dinero para compartirlo con personas socialmente excluidas y, por tanto, empobrecidas, explotadas y alineadas por verse privadas de derechos fundamentales. También buscan un cambio en la sociedad en relación al uso del dinero para suprimir las desigualdades sociales. Por todo esto, se meten en redes, denuncian situaciones y apoyan las iniciativas económicas de tipo social.
Son una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es facilitar dinero a las personas socialmente excluidas. Funcionan de manera asamblearia: las decisiones importantes se toman en asamblea y existe un grupo motor (8 personas) que lleva el funcionamiento de la asociación a lo largo del año.
Uno de los objetivos es financiar actividades que tengan un impacto social beneficioso y positivo.
Su trabajo se rige por los principios de rentabilidad social, seguridad, transparencia y liquidez.
El dinero depositado es un instrumento de transformación social, de justicia social y lo gestionan para hacer una sociedad más justa, porque creen que el dinero puede contribuir, en lo concreto, a disminuir las diferencias de todo tipo.
Banca Ética de Badajoz es, por tanto, una forma de ahorro responsable socialmente, cuyo mayor interés es el humano, muy por encima del económico.
Su nacimiento no es casual ni aleatorio sino que surge de la necesidad, las necesidades de financiación que se detectaron al trabajar con personas inmigrantes para que pudieran tener una vida digna.
Ofrecen ayudas reintegrables a personas particulares y buscan inversores para iniciativas de carácter social.
La constituyen alrededor de 100 personas entre personas que depositan su dinero, prestatarios y colaboradores. Su fondo es alrededor de 100000 €.
Se ha prestado dinero a alrededor de 200 personas desde el principio.
Estatuto de las personas cooperantes, una pieza clave para la nueva cooperación
En el día de las personas cooperantes, recorremos algunos de los países en los que trabajan nuestras organizaciones: Colombia, Ucrania, Mozambique y Centroamérica. Desde allá, nos explican el contexto en el que actúan y sus demandas para el nuevo Estatuto de las personas cooperantes.
La persecución del trabajo que realizan las ONG de Desarrollo está aumentando en todo el mundo. Países como Nicaragua, Israel, Filipinas, Guatemala o Guinea Ecuatorial han aprobado leyes que limitan, persiguen e incluso expulsan a organizaciones de la sociedad civil. Como consecuencia, miles de personas han quedado sin el apoyo que recibían para garantizar condiciones básicas de vida.
En plena reforma del sistema de cooperación y en un contexto mundial muy complejo, es crucial asegurar un Estatuto que garantice plenamente los derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria.
A las puertas de los presupuestos generales para 2023, el Gobierno debe cumplir su compromiso de garantizar el 0,5% para final de la legislatura.
El siglo XXI avanza plagado de múltiples y complejas crisis; las consecuencias sobre la vida de millones de personas son enormes, especialmente para quienes ya vivían en situaciones de vulnerabilidad extrema. Si algo debería dejarnos claro esta época es la urgente necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen los derechos humanos, la paz, la protección del medioambiente y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Una de esas políticas, sin duda, es la cooperación.
Nos encontramos en plena reforma del sistema de cooperación. Este momento debería ser aprovechado para garantizar un sistema que responda con rigor y responsabilidad a los enormes desafíos que enfrentamos. Eso pasa, necesariamente, por asegurar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la agenda feminista y ecologista, el respeto a los derechos humanos y la defensa del espacio cívico y democrático son los objetivos centrales. Exige también contar con un presupuesto a la altura de tales desafíos. El Gobierno de coalición se comprometió a dejar atrás la “década perdida de la cooperación” y a alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. Los próximos presupuestos generales del Estado serán una buena oportunidad para demostrar el cumplimiento de tales compromisos.
La necesidad de garantizar derechos a las personas cooperantes
La nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global verá la luz previsiblemente antes de finalizar el año. Una de las importantes piezas del desarrollo legislativo posterior es el Estatuto de las personas cooperantes que sustituirá al de 2006. Desde entonces, muchas cuestiones que condicionan nuestro trabajo han cambiado, por eso es imprescindible que se dé respuesta a los retos que enfrentan actualmente los y las cooperantes.
¿A quién afecta este Estatuto? Afecta a las personas que se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria fuera de nuestro país. Eso incluye a quienes trabajan en ONG de Desarrollo, pero también a personas que trabajan en organismos públicos o privados dedicados a estos fines. Según datos de la AECID, son unas 2.700 personas.
Cooperantes en nuestras organizaciones
Según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo, 522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones; 57% de ellas son mujeres. Presentes en 115 países, recuerdan que es clave garantizar los derechos laborales y la protección de las personas que trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. Una demanda que es fundamental para asegurar que realizan su trabajo en condiciones adecuadas, con menos riesgos y con el respaldo legal pertinente.
El nuevo Estatuto debe garantizar la protección del personal humanitario en contextos que son muy inestables o en situaciones de conflicto. Además, debe facilitar los requisitos burocráticos que actualmente dificultan el acceso de cooperantes a las comunidades afectadas por las crisis. En ese sentido, debe fomentar mayor implicación de las Embajadas y de la Cooperación Española para asegurar que la situación migratoria de las personas cooperantes no es ambigua con respecto a la normativa migratoria del país en el que trabajan.
Conversamos con cuatro cooperantes que trabajan en distintos lugares del mundo. Analizan el contexto de la región en la que se encuentran y explican sus propuestas para el Estatuto de las personas cooperantes.
Colombia. Ignacio Diéguez Bodas, ISCOD.
CONTEXTO. Entre 1985 y 2018, según datos del informe final de la Comisión de la Verdad, se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios resultado del conflicto armado interno, en su inmensa mayoría civiles. A estas muertes hay que sumarles millones de víctimas de otras violaciones de derechos humanos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores o violencia sexual. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han continuado los ataques y asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, con enormes brechas entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales y personas ricas y pobres.
Iscod trabaja, junto con organizaciones sindicales y ONG colombianas, en distintas regiones del país para incrementar las oportunidades socioeconómicas de la población joven, luchar contra la violencia de género y mejorar los servicios públicos y comunitarios de atención a supervivientes, con especial atención a mujeres desplazadas y al colectivo LGTBI, y para fomentar una cultura de paz con justicia social.
PROPUESTAS. Como cooperante, Diéguez demanda que las instituciones españolas cumplan con sus compromisos internacionales y apuesten por alcanzar lo antes posible el 0,7% de la RNB para AOD. Asimismo, defiende la importancia de apostar por iniciativas que fomenten la paz y el desarrollo socioeconómico justo, igualitario y sostenible. Con respecto al nuevo Estatuto de las personas cooperantes, defiende que este debería aportar mejoras en las condiciones laborales y vitales de este colectivo con medidas que apoyen la conciliación de la trayectoria profesional y familiar.
Ucrania. Imran kan, Médicos del Mundo.
CONTEXTO. La crisis humanitaria en Ucrania se ha agravado desde el pasado 24 de febrero. Los ataques han destruido viviendas e infraestructuras y han provocado un fuerte desplazamiento de la población, sobre todo en el norte, el este y el sur del país. La salud de las personas se ha visto gravemente afectada: la prestación de servicios sanitarios básicos está en peligro y la salud mental, muy deteriorada. Según estimaciones de Naciones Unidas, 12,1 millones de personas necesitan asistencia médica. El personal sanitario en primera línea corre un grave riesgo ya que se han producido más de 480 ataques a instalaciones sanitarias.
La vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y niñas y de los grupos históricamente marginados aumenta cada día. La población afectada por el conflicto tiene un acceso muy limitado a los servicios de emergencia, a la medición especializada, a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. La interrupción del suministro de medicamentos, la falta de equipos, la destrucción de las farmacias y la falta de fondos agrava la situación.
Presente en Ucrania desde 2015, Médicos del Mundo presta servicios sanitarios esenciales, consumibles y equipos médicos a la población que sufre mayor vulnerabilidad.
PROPUESTAS. Para Imran kan es esencial que el Estatuto garantice la protección de los y las trabajadoras humanitarias en contextos que son muy inestables. La prevención de los incidentes de seguridad y de la violencia dirigida al personal humanitario es una necesidad primordial en un conflicto armado. Además, hay que eliminar las trabas a la expedición de visados para el personal internacional y agilizar los procedimientos burocráticos que dificultan el acceso de los y las cooperantes a las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis. Debe garantizarse que la persona cooperante llega allá donde se la necesita.
Mozambique. Marta Sánchez, ONGAWA.
CONTEXTO. Desde 2017, Cabo Delgado sufre un intenso conflicto que, junto a los fenómenos climáticos extremos, ha provocado el desplazamiento de 80.0000 personas. La mayor parte ha buscado refugio en el sur, en casa de familiares; una situación que ha empeorado también estas zonas de acogida en las que los recursos son muy escasos. Por lo tanto, las necesidades de la población se han diversificado y aumentado de manera notable; esto ha hecho que convivan los proyectos de desarrollo, muy necesarios en la zona, con los programas de ayuda humanitaria. Tal situación obliga a las ONG que trabajan en la zona a adaptarse a la nueva realidad con flexibilidad; y exige también el apoyo de los donantes para adaptar las propuestas a una situación de emergencia tan cambiante.
PROPUESTAS. María Sánchez considera que la posición que tienen como cooperantes es aún vulnerable en algunos sentidos y eso debería mejorarse. Nombra, por ejemplo, la necesidad de contar con apoyos institucionales o administrativos en el momento en el que regresan a España después de un tiempo trabajando fuera; “es un proceso que no siempre es fácil, ni en términos laborales ni personales”. Considera también que, dependiendo del contexto, la posición de la persona cooperante respecto a la normativa migratoria puede ser ambigua y vulnerable; considera que, actualmente, el apoyo de las Embajadas y la Cooperación Española en este sentido es insuficiente.
Nicaragua. Grupo de trabajo de Nicaragua de La Coordinadora.
CONTEXTO. La violación del derecho a la libertad de asociación se ha convertido en norma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica a más de un millar de entidades, tanto nicaragüenses como internacionales (entre ellas, varias organizaciones españolas). Las consecuencias sobre los derechos humanos y la calidad democrática son enormes. El bloqueo a la acción de las organizaciones impacta directamente en la calidad de vida de quienes sufren una mayor vulnerabilidad: infancia, adolescencia, mujeres, jóvenes en situaciones de pobreza extrema… Estos colectivos accedían a la salud, la educación, la justicia a través de programas que ahora se han paralizado.
PROPUESTAS. El nuevo Estatuto de las personas cooperantes debe contemplar garantías de protección, confidencialidad y acompañamiento a las personas cooperantes que se vean afectadas por decisiones arbitrarias de regímenes autoritarios como el de Nicaragua. En estos casos, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la AECID deben denunciar las violaciones de derechos humanos.
Tomado de: Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
AEXCID agradece el compromiso de quienes dedican su trabajo a la defensa de los derechos humanos
La Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) de la Consejería de Igualdad y Cooperación de la Junta de Extremadura se suma hoy, 8 de septiembre, a la conmemoración del Día de las Personas Cooperantes, agradeciendo el compromiso y esfuerzo que realizan en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
La Asistencia Humanitaria se debilita cuando más se necesita
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD
274 millones de personas sufren el impacto de crisis humanitarias en 63 países, según el último informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria. Una cifra que no incluye a la población ucraniana y que, por tanto, en realidad es mucho más elevada.
Los fondos destinados a la asistencia humanitaria son claramente insuficientes: según Naciones Unidas, del total requerido (unos 46 mil millones de dólares), solo se ha cubierto el 23%. Mientras esto ocurre, las partidas mundiales para gastos militares superaron los dos billones en 2021.
España aumentará su presupuesto militar hasta el 2% del PIB en 2030 (lo que supone entre 25.000 y 30.000 millones de euros); a la asistencia humanitaria se destinan apenas 27 millones.
El Gobierno debe aprovechar la aprobación de la nueva Ley de Cooperación para garantizar que la asistencia humanitaria responde a los complejos desafíos que enfrentamos. Debe hacerlo también por coherencia con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible.
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Las organizaciones humanitarias internacionales hemos dado la voz de alerta: millones de personas corren el riesgo de sufrir hambre a niveles críticos en los próximos meses. A las graves consecuencias de la pandemia, se unen las causadas por la invasión rusa de Ucrania. La crisis energética, alimentaria y financiera está golpeando a millones de personas que ya vivían situaciones extremas. Según el último informe de la Escola Cultura de Pau, hay 32 conflictos armados; de los cuales, el 53% son de alta intensidad (un porcentaje que se produce por primera vez desde que se estudian); hay, además, 98 situaciones de tensión en el mundo.
La emergencia climática está provocando efectos devastadores en la vida de millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la imposibilidad de mantener condiciones básicas para una vida digna. El impacto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres y la infancia, que sufren con mayor rigor las consecuencias de estas situaciones.
A pesar de las múltiples alertas realizadas por las organizaciones humanitarias y de paz, no existe una respuesta mundial integral para dar solución a un contexto tan crítico. Esta falta de responsabilidad demuestra que, en lugar de apostar por la garantía de los derechos humanos y la protección de la vida, nos encaminamos a un mundo cada vez más hostil.
Es urgente garantizar políticas de prevención, de diálogo, de justicia climática, de economía justa y garantía plena de los derechos humanos. Debemos avanzar hacia sistemas prevengan las situaciones que abocan a millones de personas a la dependencia humanitaria. Debemos actuar antes para evitar las crisis, en lugar de después para paliarlas.
Ataques a quienes merece protección
En los últimos años, el ataque a centros de atención humanitaria, hospitales y refugios ha aumentado de manera progresiva. También han incrementado el número de ataques a personal humanitario. No podemos olvidar, como recuerdan las ONG, que el personal humanitario y la población civil no pueden ser nunca un objetivo porque, incluso en las guerras, existen reglas. El fomento de la llamada “diplomacia humanitaria” es esencial para garantizar que los actores implicados en los conflictos respeten el espacio humanitario.
Exigimos el respeto y la protección del trabajo de las organizaciones humanitarias, tanto internacionales como locales; su actividad debe ser reconocida como esencial en contextos de crisis. Su amplia trayectoria en situaciones muy complejas ha acreditado su profesionalidad y el impacto positivo de sus acciones. Asegurar ese trabajo exige mucho más que buena voluntad; es necesario garantizar la canalización de fondos a través de organizaciones con demostrada experiencia en crisis humanitarias.
Por ello, solicitamos a la UE, al Gobierno Español y a los actores humanitarios:
Promover los marcos internacionales que garantizan el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Garantizar que las intervenciones se definen conforme los principios humanitarios.
Dar prioridad a la diplomacia humanitaria para la solución de crisis y conflictos. Es necesario abogar por el diálogo, la seguridad humana y el multilateralismo.
Coordinar la acción humanitaria con la garantía de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
Asegurar que las iniciativas que contemplan la unión entre la acción humanitaria, la paz y el desarrollo, la resiliencia de las poblaciones y la agencia de las mujeres.
Promover procesos de prevención, convivencia y cultura de paz, con el protagonismo de la sociedad civil, especialmente de las mujeres como dicta la Resolución 1325 de Naciones Unidas.
Garantizar el enfoque feminista y los derechos de la infancia y la adolescencia.
Fortalecer el rol de los actores locales; otorgar mayor protagonismo a las organizaciones de los países en los que se trabaja y a las poblaciones afectadas.
Y en concreto, al Gobierno español:
Ser coherente con el apoyo ciudadano a las actuaciones humanitarias. Los presupuestos generales del Estado para 2023 y la reforma del sistema de cooperación son una oportunidad para demostrarlo.
Incrementar la asignación de la ayuda humanitaria al 10% de la AOD, con al menos 50% vía AECID.
Asegurar que otras políticas (comercio de armas, control sobre la actuación de transnacionales, políticas migratorias…) no contribuyen a la generación o empeoramiento de crisis humanitarias. Apostar por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Reforzar el perfil institucional, las capacidades, recursos y equipo de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID.
Reequilibrar la canalización de recursos entre el sistema de Naciones Unidas y otros (Movimiento de la Cruz Roja y ONG) con los instrumentos de financiación previsibles y flexibles.
Promover un espacio de diálogo y de coordinación entre la acción humanitaria en el ámbito central y el descentralizado.
Asegurar que la acción humanitaria es coherente con los compromisos internacionales adquiridos, en particular en lo relativo al apoyo de organizaciones locales, y en materia de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Dotar de los medios necesarios para que la sociedad conozca, se sensibilice y se involucre en los asuntos humanitarios.
Fortalecer el programa de protección a personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
Llamamos a la ciudadanía a exigir a sus gobiernos que actúen con responsabilidad y prevengan las crisis humanitarias de todo tipo que minan las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Hacemos un llamamiento también para que exijan una política de cooperación que reconozca el papel de las ONG internacionales y locales en la asistencia humanitaria. Y, por último, la ciudadanía debe recordar a los gobiernos (nacional y autonómico) que las personas que reciben el apoyo humanitario son ante todo sujetos de derechos y que, por lo tanto, deben ser protagonistas de las actuaciones que se lleven a cabo.
Tomado de: Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
Hoy, 12 de Agosto, Día Mundial de la Juventud, nuestras compañeras y compañeros de ASDE-Scouts de Extremadura, se suman a la celebración de este día, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de agosto de 1999.
Esta es la nota de prensa elaborada por Scouts Extremadura que os compartimos:
“Este día tan emblemático se celebra año tras año para reconocer los esfuerzos que realizan las personas jóvenes del mundo para mejorar la sociedad global. Así como para promover la participación de niños, niñas y jóvenes en la realización de contribuciones positivas a las comunidades.
El lema elegido para este año es Youth Engagement for Global Action, que se traduce como el compromiso de las personas jóvenes como agentes de acción a nivel internacional. Durante este 2022, la ONU quiere poner el foco en la participación de las personas jóvenes en los planos local, nacional y mundial en las instituciones, además de extraer enseñanzas sobre la forma en la que se puede mejorar la representación de este colectivo en la política. Este lema encaja a la perfección con los principios de nuestra entidad. ASDE – Scouts de Extremadura es un movimiento educativo infantil y juvenil donde, a través de un sistema de autoeducación progresiva, se busca potenciar valores como la responsabilidad personal, la ciudadanía, la integración, la paz, la libertad, la vida sana, el diálogo, el sentido crítico, la práctica de la vida comunitaria y el servicio a los demás.
Para ASDE – Scouts de Extremadura la juventud es un pilar fundamental ya que contribuye al funcionamiento de la entidad. Las y los jóvenes scouts, además de ser un grupo muy importante de participantes de nuestro movimiento y de ser un agente de propuestas y mejoras para la organización, también forman parte del desarrollo de la infancia en aquellas actividades que realizamos a través del voluntariado scout. Este hecho genera personas jóvenes implicadas, solidarias y comprometidas con la consecución de un mundo mejor. Es por ese motivo que desde nuestra entidad queremos reivindicar la importancia de este colectivo que se ha visto muy afectado por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, los conflictos bélicos y el cambio climático, pues se han encontrado con desempleo, pobreza y marginalización. Así como reconocer la importancia del papel de la juventud y la validación de su voluntariado, pues es una de las herramientas más valiosas que tenemos para promocionar la acción de las personas jóvenes en la sociedad.
La celebración del Día Internacional de la Juventud este año se realizará por partida doble ya que la Comisión Europea designó el 2022 como el Año Europeo de la Juventud, con el objetivo de empoderarla, animarla y enriquecerla con nuevas oportunidades y formas de participar y asumir un papel de ciudadanía activa en la sociedad.”
Nuestras compañeras y compañeros de Médicos del Mundo organizan un reto fotográfico:
👉🏽 Por motivo del Día Mundial de la Fotografía quieren hacer un homenaje a nuestras personas mayores: ¿unas sillas al fresco? ¿un patio lleno de macetas? ¿un puchero para toda la familia? ¿un abanico? ¿un antiguo bastón? ¿qué otras cosas te recuerdan a las personas mayores que tienes cerca?
👵🏻🌷👴🏾🪗👴🏻🧶👵🏾📿
¡Apúntate a este reto fotográfico! Participa hasta el 31 de agosto siguiendo las siguientes instrucciones:
📸 Etiqueta su Instagram o Facebook (@medicosdelmundoextremadura) con tu fotografía
🎞️ Acompaña la fotografía con el hashtag #LosMayoresCuentan
💌 Comenta con alguna anécdota o descripción que quieras añadir a tu foto (por qué te recuerda ese objeto, por qué es importante para la persona que conoces, si es algo propio de alguna zona…)
Si no tienes IG ni FB puedes mandar tu foto por mail o Whatsapp, y si además quieres ser voluntari@ de Médicos del Mundo y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores ¡contacta! extremadura@medicosdelmundo.org ó 605969907
Entreculturas abre plazo de preinscripción para el curso presencial “Estrategias Comunitarias para la Convivencia Juvenil en Tiempos de Crisis”
Este curso nace de la demanda de diferentes profesionales en relación a la importancia del acompañamiento a los/las jóvenes para favorecer la convivencia en situaciones y entornos vulnerables y/o de exclusión social. Esta formación tiene un encuadre teórico práctico abierto ya que su objetivo principal es adaptarse a las demandas profesionales de cada contexto y encontrar soluciones comunes.
La capacidad es de 15 plazas, de las cuales se les dará prioridad a profesionales cuyo trabajo se lleve a cabo en contextos de exclusión social o entorno y situaciones de vulnerabilidad.
El curso se realizará el 6 de Septiembre en horario de 17:00 a 20:00 en Badajoz.
Actividad enmarcada dentro del proyecto “Agenda 2030: Ahora más que nunca, no dejar a nadie atrás” proyecto financiado por AEXCID.
Desde Fundación Triángulo, tenemos el gusto de invitarle, el próximo día 30 de septiembre, a las 10h, en la Asamblea de Extremadura, Sala de la Autonomía, a la presentación del […]
Formación Envejecimiento Activo y Agenda2030 Desde Fundación MUSOL os invitamos a participar en el curso “ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y AGENDA 2030” una formación gratuita de 9h de duración en formato semipresencial. Formación […]
este sábado 17 de septiembre a las 11:00 h en el parque del río de Badajoz (segundo puente, en el embarcadero) Como respuesta a la situación de emergencia climática que ha […]
Desde el Área de Educación de Mujeres en Zona de Conflicto arrancan este nuevo curso 2022/23 con esta propuesta formativa: ¿te parece interesante repensar los procesos educativos […]
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular nos invitan a este Café pedagógico transatlántico América Latina/España que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre (17:00 hora española) […]
Mujeres en zona de conflicto nos trae esta formación PRÁCTICA, TOTALMENTE ONLINE para trabajar herramientas de diagnóstico y construir indicadores de género e interseccionales. Tendrá una duración de 40 horas […]
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