Además, tal decisión incumple flagrantemente los acuerdos internacionales asumidos en el seno de Naciones Unidas por los que los países más ricos se comprometen a dedicar un porcentaje muy pequeño de su riqueza a la cooperación internacional (0,7% de su Renta Nacional Bruta). Estados Unidos ni siquiera llega a la mitad de ese porcentaje; según los últimos datos de la OCDE, tan solo alcanza un 0,24%.

Acabar de este modo con el apoyo internacional para el desarrollo y la ayuda humanitaria, contrasta con la presión para aumentar los gastos militares a nivel global, confundiendo la seguridad militar con la seguridad humana que debe asegurarse con políticas y recursos para garantizar una vida digna respetando los límites del planeta y en paz. La amenaza de cierre de USAID se da en un contexto internacional en el que se recortan políticas que defienden los derechos humanos y se persigue y criminaliza a organizaciones sociales que exigen su garantía. Medidas de este tipo atentan contra la calidad democrática de todo el planeta en un momento en el que está debilitada de forma preocupante. Los últimos datos de Civicus denuncian que tan solo un 3% de la población vive en contextos plenamente democráticos.

El refuerzo a la cooperación: más necesario que nunca

Las inercias que están llevando a este tipo de decisiones deben frenarse. Es hora de cooperar como demuestran a diario millones de personas, colectivos y organizaciones de todo el mundo que trabajan para hacer de este mundo un lugar más habitable. Es el momento de reforzar políticas de equidad, justicia, paz, sustentabilidad y derechos humanos.

El cuestionamiento, la desinformación y los bulos sobre el trabajo que realizan las organizaciones de desarrollo y de defensa de derechos humanos está aumentando de manera muy preocupante en todo el mundo. Ello es fruto de una campaña deliberada globalmente, muy bien coordinada y financiada para mermar la confianza en las organizaciones de la sociedad civil y frenar su importante trabajo. Esta situación nos obliga a dar la voz de alerta, también en el Estado español donde estamos viendo cómo la política pública de cooperación está siendo recortada de manera muy preocupante en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos y, donde incluso, se cuestiona el trabajo que las ONG vienen desarrollando desde hace décadas con un amplio apoyo ciudadano.

La comunidad internacional, los Estados y la sociedad civil mundial deben dar un paso al frente y defender una política pública que es fundamental en un momento como el actual en el que los conflictos, las violaciones de los derechos humanos y la miseria se multiplican. Hoy es más urgente que nunca defender la paz, los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía de todo el planeta.