Banca Ética de Badajoz es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es depositar dinero para compartirlo con personas socialmente excluidas y, por tanto, empobrecidas, explotadas y alineadas por verse privadas de derechos fundamentales. También buscan un cambio en la sociedad en relación al uso del dinero para suprimir las desigualdades sociales. Por todo esto, se meten en redes, denuncian situaciones y apoyan las iniciativas económicas de tipo social.
Son una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es facilitar dinero a las personas socialmente excluidas. Funcionan de manera asamblearia: las decisiones importantes se toman en asamblea y existe un grupo motor (8 personas) que lleva el funcionamiento de la asociación a lo largo del año.
Uno de los objetivos es financiar actividades que tengan un impacto social beneficioso y positivo.
Su trabajo se rige por los principios de rentabilidad social, seguridad, transparencia y liquidez.
El dinero depositado es un instrumento de transformación social, de justicia social y lo gestionan para hacer una sociedad más justa, porque creen que el dinero puede contribuir, en lo concreto, a disminuir las diferencias de todo tipo.
Banca Ética de Badajoz es, por tanto, una forma de ahorro responsable socialmente, cuyo mayor interés es el humano, muy por encima del económico.
Su nacimiento no es casual ni aleatorio sino que surge de la necesidad, las necesidades de financiación que se detectaron al trabajar con personas inmigrantes para que pudieran tener una vida digna.
Ofrecen ayudas reintegrables a personas particulares y buscan inversores para iniciativas de carácter social.
La constituyen alrededor de 100 personas entre personas que depositan su dinero, prestatarios y colaboradores. Su fondo es alrededor de 100000 €.
Se ha prestado dinero a alrededor de 200 personas desde el principio.
Estatuto de las personas cooperantes, una pieza clave para la nueva cooperación
En el día de las personas cooperantes, recorremos algunos de los países en los que trabajan nuestras organizaciones: Colombia, Ucrania, Mozambique y Centroamérica. Desde allá, nos explican el contexto en el que actúan y sus demandas para el nuevo Estatuto de las personas cooperantes.
La persecución del trabajo que realizan las ONG de Desarrollo está aumentando en todo el mundo. Países como Nicaragua, Israel, Filipinas, Guatemala o Guinea Ecuatorial han aprobado leyes que limitan, persiguen e incluso expulsan a organizaciones de la sociedad civil. Como consecuencia, miles de personas han quedado sin el apoyo que recibían para garantizar condiciones básicas de vida.
En plena reforma del sistema de cooperación y en un contexto mundial muy complejo, es crucial asegurar un Estatuto que garantice plenamente los derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria.
A las puertas de los presupuestos generales para 2023, el Gobierno debe cumplir su compromiso de garantizar el 0,5% para final de la legislatura.
El siglo XXI avanza plagado de múltiples y complejas crisis; las consecuencias sobre la vida de millones de personas son enormes, especialmente para quienes ya vivían en situaciones de vulnerabilidad extrema. Si algo debería dejarnos claro esta época es la urgente necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen los derechos humanos, la paz, la protección del medioambiente y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Una de esas políticas, sin duda, es la cooperación.
Nos encontramos en plena reforma del sistema de cooperación. Este momento debería ser aprovechado para garantizar un sistema que responda con rigor y responsabilidad a los enormes desafíos que enfrentamos. Eso pasa, necesariamente, por asegurar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la agenda feminista y ecologista, el respeto a los derechos humanos y la defensa del espacio cívico y democrático son los objetivos centrales. Exige también contar con un presupuesto a la altura de tales desafíos. El Gobierno de coalición se comprometió a dejar atrás la “década perdida de la cooperación” y a alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. Los próximos presupuestos generales del Estado serán una buena oportunidad para demostrar el cumplimiento de tales compromisos.
La necesidad de garantizar derechos a las personas cooperantes
La nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global verá la luz previsiblemente antes de finalizar el año. Una de las importantes piezas del desarrollo legislativo posterior es el Estatuto de las personas cooperantes que sustituirá al de 2006. Desde entonces, muchas cuestiones que condicionan nuestro trabajo han cambiado, por eso es imprescindible que se dé respuesta a los retos que enfrentan actualmente los y las cooperantes.
¿A quién afecta este Estatuto? Afecta a las personas que se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria fuera de nuestro país. Eso incluye a quienes trabajan en ONG de Desarrollo, pero también a personas que trabajan en organismos públicos o privados dedicados a estos fines. Según datos de la AECID, son unas 2.700 personas.
Cooperantes en nuestras organizaciones
Según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo, 522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones; 57% de ellas son mujeres. Presentes en 115 países, recuerdan que es clave garantizar los derechos laborales y la protección de las personas que trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. Una demanda que es fundamental para asegurar que realizan su trabajo en condiciones adecuadas, con menos riesgos y con el respaldo legal pertinente.
El nuevo Estatuto debe garantizar la protección del personal humanitario en contextos que son muy inestables o en situaciones de conflicto. Además, debe facilitar los requisitos burocráticos que actualmente dificultan el acceso de cooperantes a las comunidades afectadas por las crisis. En ese sentido, debe fomentar mayor implicación de las Embajadas y de la Cooperación Española para asegurar que la situación migratoria de las personas cooperantes no es ambigua con respecto a la normativa migratoria del país en el que trabajan.
Conversamos con cuatro cooperantes que trabajan en distintos lugares del mundo. Analizan el contexto de la región en la que se encuentran y explican sus propuestas para el Estatuto de las personas cooperantes.
Colombia. Ignacio Diéguez Bodas, ISCOD.
CONTEXTO. Entre 1985 y 2018, según datos del informe final de la Comisión de la Verdad, se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios resultado del conflicto armado interno, en su inmensa mayoría civiles. A estas muertes hay que sumarles millones de víctimas de otras violaciones de derechos humanos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores o violencia sexual. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han continuado los ataques y asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, con enormes brechas entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales y personas ricas y pobres.
Iscod trabaja, junto con organizaciones sindicales y ONG colombianas, en distintas regiones del país para incrementar las oportunidades socioeconómicas de la población joven, luchar contra la violencia de género y mejorar los servicios públicos y comunitarios de atención a supervivientes, con especial atención a mujeres desplazadas y al colectivo LGTBI, y para fomentar una cultura de paz con justicia social.
PROPUESTAS. Como cooperante, Diéguez demanda que las instituciones españolas cumplan con sus compromisos internacionales y apuesten por alcanzar lo antes posible el 0,7% de la RNB para AOD. Asimismo, defiende la importancia de apostar por iniciativas que fomenten la paz y el desarrollo socioeconómico justo, igualitario y sostenible. Con respecto al nuevo Estatuto de las personas cooperantes, defiende que este debería aportar mejoras en las condiciones laborales y vitales de este colectivo con medidas que apoyen la conciliación de la trayectoria profesional y familiar.
Ucrania. Imran kan, Médicos del Mundo.
CONTEXTO. La crisis humanitaria en Ucrania se ha agravado desde el pasado 24 de febrero. Los ataques han destruido viviendas e infraestructuras y han provocado un fuerte desplazamiento de la población, sobre todo en el norte, el este y el sur del país. La salud de las personas se ha visto gravemente afectada: la prestación de servicios sanitarios básicos está en peligro y la salud mental, muy deteriorada. Según estimaciones de Naciones Unidas, 12,1 millones de personas necesitan asistencia médica. El personal sanitario en primera línea corre un grave riesgo ya que se han producido más de 480 ataques a instalaciones sanitarias.
La vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y niñas y de los grupos históricamente marginados aumenta cada día. La población afectada por el conflicto tiene un acceso muy limitado a los servicios de emergencia, a la medición especializada, a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. La interrupción del suministro de medicamentos, la falta de equipos, la destrucción de las farmacias y la falta de fondos agrava la situación.
Presente en Ucrania desde 2015, Médicos del Mundo presta servicios sanitarios esenciales, consumibles y equipos médicos a la población que sufre mayor vulnerabilidad.
PROPUESTAS. Para Imran kan es esencial que el Estatuto garantice la protección de los y las trabajadoras humanitarias en contextos que son muy inestables. La prevención de los incidentes de seguridad y de la violencia dirigida al personal humanitario es una necesidad primordial en un conflicto armado. Además, hay que eliminar las trabas a la expedición de visados para el personal internacional y agilizar los procedimientos burocráticos que dificultan el acceso de los y las cooperantes a las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis. Debe garantizarse que la persona cooperante llega allá donde se la necesita.
Mozambique. Marta Sánchez, ONGAWA.
CONTEXTO. Desde 2017, Cabo Delgado sufre un intenso conflicto que, junto a los fenómenos climáticos extremos, ha provocado el desplazamiento de 80.0000 personas. La mayor parte ha buscado refugio en el sur, en casa de familiares; una situación que ha empeorado también estas zonas de acogida en las que los recursos son muy escasos. Por lo tanto, las necesidades de la población se han diversificado y aumentado de manera notable; esto ha hecho que convivan los proyectos de desarrollo, muy necesarios en la zona, con los programas de ayuda humanitaria. Tal situación obliga a las ONG que trabajan en la zona a adaptarse a la nueva realidad con flexibilidad; y exige también el apoyo de los donantes para adaptar las propuestas a una situación de emergencia tan cambiante.
PROPUESTAS. María Sánchez considera que la posición que tienen como cooperantes es aún vulnerable en algunos sentidos y eso debería mejorarse. Nombra, por ejemplo, la necesidad de contar con apoyos institucionales o administrativos en el momento en el que regresan a España después de un tiempo trabajando fuera; “es un proceso que no siempre es fácil, ni en términos laborales ni personales”. Considera también que, dependiendo del contexto, la posición de la persona cooperante respecto a la normativa migratoria puede ser ambigua y vulnerable; considera que, actualmente, el apoyo de las Embajadas y la Cooperación Española en este sentido es insuficiente.
Nicaragua. Grupo de trabajo de Nicaragua de La Coordinadora.
CONTEXTO. La violación del derecho a la libertad de asociación se ha convertido en norma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica a más de un millar de entidades, tanto nicaragüenses como internacionales (entre ellas, varias organizaciones españolas). Las consecuencias sobre los derechos humanos y la calidad democrática son enormes. El bloqueo a la acción de las organizaciones impacta directamente en la calidad de vida de quienes sufren una mayor vulnerabilidad: infancia, adolescencia, mujeres, jóvenes en situaciones de pobreza extrema… Estos colectivos accedían a la salud, la educación, la justicia a través de programas que ahora se han paralizado.
PROPUESTAS. El nuevo Estatuto de las personas cooperantes debe contemplar garantías de protección, confidencialidad y acompañamiento a las personas cooperantes que se vean afectadas por decisiones arbitrarias de regímenes autoritarios como el de Nicaragua. En estos casos, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la AECID deben denunciar las violaciones de derechos humanos.
Tomado de: Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
AEXCID agradece el compromiso de quienes dedican su trabajo a la defensa de los derechos humanos
La Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) de la Consejería de Igualdad y Cooperación de la Junta de Extremadura se suma hoy, 8 de septiembre, a la conmemoración del Día de las Personas Cooperantes, agradeciendo el compromiso y esfuerzo que realizan en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
La Asistencia Humanitaria se debilita cuando más se necesita
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD
274 millones de personas sufren el impacto de crisis humanitarias en 63 países, según el último informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria. Una cifra que no incluye a la población ucraniana y que, por tanto, en realidad es mucho más elevada.
Los fondos destinados a la asistencia humanitaria son claramente insuficientes: según Naciones Unidas, del total requerido (unos 46 mil millones de dólares), solo se ha cubierto el 23%. Mientras esto ocurre, las partidas mundiales para gastos militares superaron los dos billones en 2021.
España aumentará su presupuesto militar hasta el 2% del PIB en 2030 (lo que supone entre 25.000 y 30.000 millones de euros); a la asistencia humanitaria se destinan apenas 27 millones.
El Gobierno debe aprovechar la aprobación de la nueva Ley de Cooperación para garantizar que la asistencia humanitaria responde a los complejos desafíos que enfrentamos. Debe hacerlo también por coherencia con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible.
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Las organizaciones humanitarias internacionales hemos dado la voz de alerta: millones de personas corren el riesgo de sufrir hambre a niveles críticos en los próximos meses. A las graves consecuencias de la pandemia, se unen las causadas por la invasión rusa de Ucrania. La crisis energética, alimentaria y financiera está golpeando a millones de personas que ya vivían situaciones extremas. Según el último informe de la Escola Cultura de Pau, hay 32 conflictos armados; de los cuales, el 53% son de alta intensidad (un porcentaje que se produce por primera vez desde que se estudian); hay, además, 98 situaciones de tensión en el mundo.
La emergencia climática está provocando efectos devastadores en la vida de millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la imposibilidad de mantener condiciones básicas para una vida digna. El impacto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres y la infancia, que sufren con mayor rigor las consecuencias de estas situaciones.
A pesar de las múltiples alertas realizadas por las organizaciones humanitarias y de paz, no existe una respuesta mundial integral para dar solución a un contexto tan crítico. Esta falta de responsabilidad demuestra que, en lugar de apostar por la garantía de los derechos humanos y la protección de la vida, nos encaminamos a un mundo cada vez más hostil.
Es urgente garantizar políticas de prevención, de diálogo, de justicia climática, de economía justa y garantía plena de los derechos humanos. Debemos avanzar hacia sistemas prevengan las situaciones que abocan a millones de personas a la dependencia humanitaria. Debemos actuar antes para evitar las crisis, en lugar de después para paliarlas.
Ataques a quienes merece protección
En los últimos años, el ataque a centros de atención humanitaria, hospitales y refugios ha aumentado de manera progresiva. También han incrementado el número de ataques a personal humanitario. No podemos olvidar, como recuerdan las ONG, que el personal humanitario y la población civil no pueden ser nunca un objetivo porque, incluso en las guerras, existen reglas. El fomento de la llamada “diplomacia humanitaria” es esencial para garantizar que los actores implicados en los conflictos respeten el espacio humanitario.
Exigimos el respeto y la protección del trabajo de las organizaciones humanitarias, tanto internacionales como locales; su actividad debe ser reconocida como esencial en contextos de crisis. Su amplia trayectoria en situaciones muy complejas ha acreditado su profesionalidad y el impacto positivo de sus acciones. Asegurar ese trabajo exige mucho más que buena voluntad; es necesario garantizar la canalización de fondos a través de organizaciones con demostrada experiencia en crisis humanitarias.
Por ello, solicitamos a la UE, al Gobierno Español y a los actores humanitarios:
Promover los marcos internacionales que garantizan el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Garantizar que las intervenciones se definen conforme los principios humanitarios.
Dar prioridad a la diplomacia humanitaria para la solución de crisis y conflictos. Es necesario abogar por el diálogo, la seguridad humana y el multilateralismo.
Coordinar la acción humanitaria con la garantía de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
Asegurar que las iniciativas que contemplan la unión entre la acción humanitaria, la paz y el desarrollo, la resiliencia de las poblaciones y la agencia de las mujeres.
Promover procesos de prevención, convivencia y cultura de paz, con el protagonismo de la sociedad civil, especialmente de las mujeres como dicta la Resolución 1325 de Naciones Unidas.
Garantizar el enfoque feminista y los derechos de la infancia y la adolescencia.
Fortalecer el rol de los actores locales; otorgar mayor protagonismo a las organizaciones de los países en los que se trabaja y a las poblaciones afectadas.
Y en concreto, al Gobierno español:
Ser coherente con el apoyo ciudadano a las actuaciones humanitarias. Los presupuestos generales del Estado para 2023 y la reforma del sistema de cooperación son una oportunidad para demostrarlo.
Incrementar la asignación de la ayuda humanitaria al 10% de la AOD, con al menos 50% vía AECID.
Asegurar que otras políticas (comercio de armas, control sobre la actuación de transnacionales, políticas migratorias…) no contribuyen a la generación o empeoramiento de crisis humanitarias. Apostar por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Reforzar el perfil institucional, las capacidades, recursos y equipo de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID.
Reequilibrar la canalización de recursos entre el sistema de Naciones Unidas y otros (Movimiento de la Cruz Roja y ONG) con los instrumentos de financiación previsibles y flexibles.
Promover un espacio de diálogo y de coordinación entre la acción humanitaria en el ámbito central y el descentralizado.
Asegurar que la acción humanitaria es coherente con los compromisos internacionales adquiridos, en particular en lo relativo al apoyo de organizaciones locales, y en materia de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Dotar de los medios necesarios para que la sociedad conozca, se sensibilice y se involucre en los asuntos humanitarios.
Fortalecer el programa de protección a personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
Llamamos a la ciudadanía a exigir a sus gobiernos que actúen con responsabilidad y prevengan las crisis humanitarias de todo tipo que minan las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Hacemos un llamamiento también para que exijan una política de cooperación que reconozca el papel de las ONG internacionales y locales en la asistencia humanitaria. Y, por último, la ciudadanía debe recordar a los gobiernos (nacional y autonómico) que las personas que reciben el apoyo humanitario son ante todo sujetos de derechos y que, por lo tanto, deben ser protagonistas de las actuaciones que se lleven a cabo.
Tomado de: Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
La Diputación Provincial de Cáceres publica la Revista Engloba Nº 4.
La Revista tiene la intención de visibilizar el trabajo que se hace desde la Institución provincial en Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En sus páginas se hace un recorrido por los proyectos de Ayuda Humanitaria, Cooperación Internacional, Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y apoyados desde la Diputación en 2021.
SOMOS COOPERACIÓN
El proyecto “SOMOS COOPERACIÓN II, LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE LA PROVINCIA DE CÁCERES” nació tras identificar la necesidad de fortalecer los conocimientos que tienen las entidades locales en materia de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y educación para la ciudadanía global y de ampliar la capacidad de incidencia política de la Coordinadora Extremeña de ONGD en la Provincia de Cáceres.
El proyecto generó nuevos espacios de trabajo entre personal técnico de las administraciones locales de la provincia de Cáceres (Diputación, Mancomunidades, Ayuntamientos) y ONGD extremeñas; facilitando procesos participativos, de formación y de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las políticas de Cooperación para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global e integración de la Agenda 2030.
El sábado 24 de junio por la mañana, ha tenido lugar un intento de salto a la valla de Melilla. Según informa la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, unas 2.000 personas se han aproximado a las inmediaciones del perímetro fronterizo por la zona de Barrio Chino.
La brutalidad policial ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto del estado español como del marroquí ha provocado una avalancha humana y la muerte de al menos 37 personas, según las organizaciones de derechos humanos presentes en la frontera.
Las condiciones de la tragedia de este viernes se vienen sucediendo desde hace varias semanas, las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades migrantes en Nador y su región presagiaban este drama humanitario.
Este último salto ocurre en el contexto de la última crisis diplomática y posterior acuerdo entre Madrid y Rabat que terminó el pasado 8 de junio con el abandono, por parte del Gobierno de España, de su histórica neutralidad respecto al conflicto del Sahara Occidental y respaldo del plan marroquí para el territorio, al que pretende dotar de más autonomía.
Las muertes, las devoluciones en caliente y escenas violencia extrema que vemos nos alertan sobre el carácter mortífero y racista de las políticas de cooperación en materia de seguridad sobre la inmigración y las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea; principalmente contra personas procedentes de África.
Si ningún ser humano es ilegal y hay un compromiso con las personas refugiadas y migrantes; estas atrocidades no deben quedar impunes bajo ningún concepto y todos los actores políticos deben tomar responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir.
La Coordinadora Extremeña de ONGD se suma al llamado realizado por organizaciones humanitarias para:
Manifestar nuestras más profundas muestras de condolencias a las familias de las víctimas de este drama humanitario que no debe volver a repetirse.
Garantizar la seguridad, asistencia sanitaria y protección de los derechos humanos de todas las personas; especialmente de las personas migrantes que han logrado llegar a Melilla y de las más de 1000 personas que se han quedado en territorio marroquí.
Recordamos que el derecho a solicitar Protección Internacional y Asilo y tener un proceso legal y con garantías, asegurando siempre la no devolución de las personas es un derecho humano y una obligación de todos los Estados.
Nos sumamos al llamamiento realizado por las organizaciones y movimientos de derechos humanos a las manifestaciones que se realizarán el día de hoy para exigir el fin de políticas migratorias inhumanas.
Entreculturas quiere compartir con nosotras el Informe que lanzaron con ocasión del Día Internacional de las Personas Refugiadas y cuyo título es “Escuelas que construyen paz: espacios de protección y garantía de derechos para la infancia refugiada”. Una publicación que nos invitan a leer haciendo click aquí o accediendo a su web de Escuela – Refugio.
En Entreculturas, trabajan para garantizar el derecho a la educación de todo niño, niña o adulto sean cuales sean sus circunstancias. Un objetivo que hoy en día es más difícil de conseguir por la irrupción de la Covid-19 y de nuevos conflictos como el de Ucrania. Esta realidad la constatan en esta publicación, donde se pone el foco en una población especialmente vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes refugiados sirios en Líbano.
Con este video damos fin a la campaña de incidencia política #EmergenciaClimática.
El objetivo ha sido recoger en él, las aportaciones recibidas para construir el manifiesto creado para la campaña de #EmergenciaClimática durante el CoopFestival y tiempo después. En la construcción de este manifiesto han participado Ongd’s, empresas, entidades y personas que han aportado sus opiniones, reflexiones y preocupación en torno a la manera en la que nos comportamos de cara a esta problemática mundial que afecta, no solo al planeta, sino también a la vida de las personas que habitamos en él.
Como decimos, en este video aparecen todas vuestras aportaciones de manera resumida y creemos que es una herramienta de sensibilización estupenda para difundir en nuestras redes y tratar de construir entre todas y todos una sociedad más comprometida ante la #CrisisClimática que vivimos y que se agudizará a un ritmo aún mayor, con el paso del tiempo.
Unamos fuerzas #contraelcambioclimatico, por la defensa global de los derechos humanos, la sostenibilidad de la vida y el ecofeminismo entre la ciudadanía extremeña, difundiendo y compartiendo este vídeo; aportemos nuestro granito para hacer de este mundo un lugar mejor para nosotras y para las generaciones futuras.
El CoopFestival es un proyecto de AEXCID, organizado desde CONGDEX y con la colaboración del AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.
Cooperación y migraciones, dos políticas relacionadas pero no a cualquier precio.
Dentro de unos días se celebra el Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo en el que se profundizará sobre las migraciones y su vínculo con la cooperación para el desarrollo. El evento tendrá lugar en Canarias, que se ha convertido en los últimos años en la ruta de migración irregular más concurrida para llegar a Europa y también la más mortífera desde el año 2020.
La relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones ha de ser promover contextos de vida favorable para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Las organizaciones sociales llevamos años pidiendo respuestas que sean respetuosas con los derechos humanos y coherentes con los compromisos internacionales en materia de derecho internacional. Entre ellos, el establecimiento de vías legales y seguras para la migración. También hemos denunciado de manera persistente la frecuente instrumentalización de la cooperación internacional como herramienta para frenar las migraciones. Por todo ello, cabe destacar y recordar que la relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones ha de ser promover contextos de vida favorable para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Es pertinente también recordar que la migración es un fenómeno multicausal. Mejorar las condiciones materiales y sociopolíticas de los pueblos del Sur Global es un buen comienzo para amainar las migraciones forzadas, pero no las elimina de manera permanente. Es por ello que los esfuerzos de las administraciones españolas y europeas han de estar centrados en favorecer rutas migratorias seguras y regulares, donde prime el enfoque de derechos y se salvaguarde la legislación internacional en materia de asilo y refugio.
Asimismo, si realmente queremos atajar las causas profundas de las migraciones forzadas primero tenemos que atender a aquellas políticas locales, regionales y estatales que pueden estar interfiriendo en el libre desarrollo de los países del Sur Global. Frenar la venta de armas, apostar por una política comercial justa y equitativa, detener la esquilmación de recursos naturales en los países del Sur Global o disminuir las emisiones de gases contaminantes son solo algunas de las medidas que podemos tomar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Sur.
La cooperación internacional al desarrollo es, por supuesto, un eslabón central a tener en cuenta. No obstante, reiteramos que la cooperación internacional para el desarrollo no puede seguir desviándose hacia la securitización y externalización de fronteras por las que abogan ciertos marcos normativos como el Pacto Europeo de Migraciones. La ayuda oficial al desarrollo ha de llegar a todos los países que lo necesiten, independientemente de si son o no territorios fronterizos, y no puede ni debe ser utilizada como moneda de cambio. De este encuentro debe salir un mensaje alto y claro: la cooperación internacional es una herramienta que contribuye a la mejora de las condiciones de vida en los países de origen, pero no puede interponerse al derecho a migrar.
Estamos llegando a la recta final de la campaña #EmergenciaClimática, y para que podáis acceder al manifiesto completo, lo compartimos por aquí para que de un vistazo podáis ver todas las aportaciones con las que se ha construido este documento colaborativo.
En el marco del #CoopFestival construimos este manifiesto como un posicionamiento común ante la #EmergenciaClimática, por el derecho y la defensa de la justicia climática. Muchas gracias a todas las personas que participasteis en la construcción de este documento colaborativo, aportando vuestra visión desde la sociedad civil y la organizada, en aras de luchar contar la #EmergenciaClimática desde #Extremadura.
Y nos gustaría que volara por las redes sociales, ¿nos ayudáis a difundirlo?
El CoopFestival es un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo organizado desde CONGDEX y con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres.
Hoy os presentamos la última infografía de la campaña #EmergenciaClimática. Y no podíamos hacerlo de otra manera más que apelando al poder de la fuerza de la unión.
Somos muchas las personas que apostamos por un cambio, que creemos en un mundo mejor para todas y todos. Y no estamos solas.
A través de la @congdex y @aexcid se ponen a vuestra disposición todos los recursos posibles para que podáis indagar, investigar, uniros a campañas, acciones, movimientos u organizaciones, y actuar.
La unión hace la fuerza, verdad? Pues vamos a juntarnos!
El CoopFestival es un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo organizado desde CONGDEX y con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres.
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