Una veintena de entidades se han reunido con Pedro Sánchez y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para trasladarles sus principales propuestas para una aplicación del Pacto centrada en las personas y sus derechos.

Las entidades exigen al gobierno que la voluntad expresada por Pedro Sánchez de garantizar los derechos humanos en la política migratoria se traduzca en hechos. 

Piden que no introduzca controles «previos» a la entrada que impidan el acceso a los derechos humanos ni haga uso de procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, entre otras medidas que plantea el Pacto.

Representantes de 20 organizaciones especializadas en #migración, #refugio y derechos humanos se han reunido el lunes 07 de octubre con el presidente Pedro Sánchez y Elma Saiz, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, para reclamarles que implementen el Pacto Europeo de Migración y Asilo de forma que garantice plenamente los derechos humanos, tanto en las fronteras como en territorio español. «Es un momento clave para contribuir a una Europa que defienda los derechos humanos y que sea coherente con sus valores fundacionales», han declarado. 

Tras la reunión, las organizaciones sociales valoran positivamente la voluntad del presidente de defender en la UE un enfoque de garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas en la aplicación del Pacto, así como su compromiso para asegurar la interlocución con la sociedad civil durante todo el proceso para su implementación en España. Las organizaciones destacan la importancia de que estos compromisos se hagan realidad.

Las organizaciones han trasladado su preocupación al presidente del Gobierno por los importantes retos que plantea este Pacto en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y protección internacional. Han alertado, entre otras cuestiones, sobre la introducción de nuevos controles «previos» a la entrada, los procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención. Medidas que podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y pondrían en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, lo que agravaría la ya enorme situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas migrantes y refugiadas.

Oportunidad de marcar el camino en Europa

Además, han recordado que España aún puede “transformar estos retos en oportunidades, sirviendo como ejemplo para el resto de los países de la Unión Europea en la construcción de una política migratoria que ponga en el centro a las personas y a sus derechos, garantizando vías legales y seguras que eviten las muertes en el mar”. La fase de implementación del Pacto que se llevará a cabo durante los próximos dos años puede marcar el futuro de la política migratoria española y evitar importantes retrocesos en derechos humanos.

Por este motivo, han pedido al presidente del Gobierno que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad; a garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, así como el análisis individualizado de las solicitudes y a la adecuada atención sanitaria, el derecho a intérprete, a la información y a ser escuchado/a; a tramitar las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas. Además, destacan que es necesario contar con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo, tal y como recoge el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que puede impedir en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Finalmente, se exige la implementación de un mecanismo de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos con la participación de la sociedad civil.

Para hacerlo efectivo, reclaman que, en la elaboración del Plan Nacional de Implementación que debe ser entregado a la Comisión Europea en el mes de diciembre, así como a lo largo de todo el proceso, España adopte un enfoque garantista con los máximos estándares de derechos humanos y que involucre a la sociedad civil mediante intercambios y consultas regulares, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Europea en el Plan Común de Implementación.

Por último, señalan que la implementación del Pacto debería suponer una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada y destacan la urgencia de resolver la situación en la que viven miles de personas migradas en nuestro país sin derechos, al encontrarse en situación administrativa irregular.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Accem, Alboan, Alianza por la Solidaridad / ActionAid, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, CONVIVE Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Instituto Novact de Noviolencia, Iridia, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz -MPDL-, Oxfam Intermón, Red Acoge, Salud por Derecho, Servicio Jesuita a Migrantes-SJ.