2 años de la política de cooperación internacional en Extremadura
ANÁLISIS
La actual política de cooperación en Extremadura enfrenta una crisis de coherencia y compromiso.
Mientras el discurso oficial sigue defendiendo la solidaridad internacional, la realidad muestra una tendencia al desmantelamiento progresivo.
Sin una corrección de rumbo, la región corre el riesgo de perder su papel como referente en cooperación descentralizada y en la construcción de un modelo de desarrollo justo, sostenible y equitativo.
Contexto y evolución de la cooperación extremeña
La política de cooperación internacional de Extremadura se ha articulado tradicionalmente a través de una estructura descentralizada, con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) como eje central, más las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres. Con la aprobación de la Ley 3/2023 de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, se esperaba un refuerzo del compromiso autonómico con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo, la realidad presupuestaria ha seguido una tendencia inversa, evidenciando una desconexión entre los compromisos legislativos, la asignación de recursos y el avance promulgado en la política de cooperación.
Los datos del barómetro de septiembre de 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas reflejan que un 77,8% de las personas encuestadas consideran preocupantes las desigualdades entre países pobres y ricos, y un 72,2% cree que España debería hacer un mayor esfuerzo en cooperación internacional. Sin embargo, la política presupuestaria extremeña no refleja este sentir ciudadano.
La Ayuda Oficial al Desarrollo extremeña ha sufrido un retroceso significativo. En 2010, Extremadura destinaba 14,39 millones de euros a cooperación; en 2025, esta cifra ha descendido a 10,95 millones, un 23,9% menos. Además, los presupuestos de 2024 han sufrido un recorte del 26,21%, con una tendencia progresiva al desmantelamiento en 2025.
Este estancamiento es aún más llamativo si se considera el crecimiento del presupuesto general, un 2,2% para 2024, sin una mejora proporcional de los fondos de cooperación.
Desafíos y contradicciones de la política actual
El Plan General de Cooperación
El Plan General de Cooperación, aprobado en Consejo de Gobierno en mayo de 2024, aún carece de una definición clara de indicadores y metas que limita su efectividad y dificulta su implementación. En su punto 13, el Plan establece el desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento técnico dentro de los primeros seis meses de su vigencia; sin embargo, casi un año después, persiste la incertidumbre sobre la especificación de indicadores que garanticen una rendición de cuentas transparente y efectiva.
Por otro lado, el enfoque de derechos humanos en el Plan presenta inconsistencias preocupantes, especialmente en su alineación con la Ley de Cooperación Extremeña. Aunque el artículo 4.1 de la ley establece la centralidad de “los feminismos, la defensa de las personas LGTBI y el desarrollo humano sostenible”, estos principios han sido omitidos sin posibilidad de incorporar aportaciones del sector. La conformación de una comisión de seguimiento representa una oportunidad para velar por el cumplimiento de estos compromisos, pero su efectividad dependerá de la voluntad política para corregir las carencias actuales.
Además, sigue siendo un reto consolidar procesos participativos auténticos y horizontales que fomenten la implicación real de todos los agentes, asegurando transparencia y respeto a los consensos alcanzados.
Para afrontar los desafíos globales y avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y transformador, es fundamental garantizar que los procesos de planificación y seguimiento integren estos enfoques de manera efectiva.
Compromisos internacionales
A pesar de que la Ley de Cooperación propone alcanzar el 0,7%, Extremadura apenas alcanza el 0,13%. Este dato contrasta con el discurso oficial sobre el compromiso con la solidaridad internacional y pone en duda la credibilidad de la administración extremeña en este ámbito.
Recortes y debilitamiento del sector
El congelamiento de fondos destinados a las ONGD y la reducción del personal en proyectos de cooperación han limitado el alcance de las iniciativas en curso. La eliminación de convocatorias por concurrencia competitiva en 2024 ha añadido un elemento de discrecionalidad en la asignación de recursos, generando incertidumbre en el sector y afectando a la planificación a largo plazo. Desde el sector se entiende como una política de desmantelamiento destinada a debilitar a las ONGD.
Impacto en la credibilidad internacional
El desmantelamiento progresivo de la cooperación extremeña no sólo afecta a las comunidades beneficiarias en el llamado Sur Global, sino que también daña la imagen de la región en su compromiso con el desarrollo sostenible y la justicia global. Una práctica contraria a los valores de solidaridad y cooperación que nuestra región ha venido construyendo estos años.
Alternativas y propuestas de mejora
Para evitar una erosión irreversible de la cooperación extremeña, desde la Coordinadora Extremeña de ONGD, proponemos:
- Compromiso con la educación y la sensibilización: Impulsar programas de ciudadanía global y fortalecer la cooperación descentralizada.
- Mayor transparencia: Restaurar la concurrencia competitiva y establecer mecanismos de rendición de cuentas claros.
- Revisión presupuestaria: Elevar progresivamente la AOD hasta alcanzar la media histórica del 0,21%, con una senda de crecimiento hacia el 0,7%, tal y como lo definen la ley de cooperación.
- Refuerzo de la AEXCID: Dotarla de los recursos necesarios para garantizar una gestión eficiente y estratégica de la cooperación.
- Avanzar el desarrollo normativo pendiente: completar el diseño del Plan General de Cooperación, actualizar las Bases Reguladoras y otros decretos pendientes de actualización.
- Integración del Pacto Extremeño por la Solidaridad: Hacer de la cooperación una política de consenso, blindada ante los cambios de gobierno y las coyunturas políticas. La Coordinadora junto a más de 80 activistas de la región ha elaborado el Pacto Extremeño por la solidaridad; una hoja de ruta para consolidar una Extremadura más solidaria y conectada con los desafíos globales.
- Fortalecer el diálogo y consenso con el sector: Es esencial establecer un diálogo abierto y continuo con las ONGD. Esto implica no solo escuchar sus demandas, sino integrarlas de manera efectiva en la planificación y gestión de la cooperación, asegurando una asignación presupuestaria acorde con los compromisos asumidos.
- Coherencia de políticas públicas: Las diferentes políticas públicas extremeñas deben contribuir al desarrollo humano sostenible y cumplir con los compromisos adquiridos de la Agenda 2023.
