¿Queremos las y los extremeños financiar guerras?
Vivimos el mayor retroceso en derechos humanos de la historia reciente, el mundo ha sido testigo de un preocupante giro hacia un nuevo contexto internacional marcado por la inseguridad ciudadana, el fortalecimiento de políticas de defensa y un incremento notable del gasto militar.
Esta tendencia se ha acelerado tras conflictos recientes, como la invasión de Ucrania, la escalada de violencia en Gaza o el resurgimiento de tensiones geopolíticas entre grandes potencias. En este marco, la seguridad —tradicionalmente entendida en términos militares— vuelve a ocupar el centro del debate político y económico global.
Aumento del gasto militar y cambio en las prioridades globales
Los informes recientes del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) señalan un récord histórico en el gasto militar mundial, alcanzando los 2718 mil millones de dólares en 2024, lo que representa un incremento del 9,4 % con respecto al 2023, el aumento más pronunciado desde, al menos, el final de la Guerra Fría. El gasto militar creció en todas las regiones del mundo, destacando el fuerte aumento registrado en Europa y Oriente Medio. Los cinco países con mayores presupuestos militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— representaron el 60 % del total mundial.
Por su parte, todos los países miembros de la OTAN aumentaron su gasto militar en 2024. El gasto total de los miembros de la Alianza ascendió a 1506 mil millones de dólares, lo que representa el 55 % del gasto militar mundial.
En los últimos meses, España no ha sido ajena a este mandato de incrementar el gasto público en defensa, nuestro estado se ha comprometido este mismo año en invertir el 2% del PIB en gastos militares. Este compromiso contrasta con el relativo a la política de cooperación, situada en un 0,24%, aún muy lejos del 0,7% para 2030, establecido por la Ley.
Paradójicamente, mientras los presupuestos de defensa crecen, los fondos destinados a cooperación internacional, desarrollo sostenible y derechos humanos sufren recortes o reestructuraciones. Esto refleja un cambio profundo en las prioridades globales, donde la cooperación queda supeditada a intereses estratégicos y de control migratorio.
De cumplirse este anuncio, podría destinarse casi 10 veces más a gastos militares que a cooperación internacional para el desarrollo.
Esta tendencia se justifica, en gran medida, por un discurso centrado en la «seguridad nacional», muchas veces desconectado de las causas estructurales de los conflictos, como la pobreza, la desigualdad o la emergencia climática.
Pero ¿qué está pasando en nuestra comunidad autónoma? Las últimas noticias que nos llegan es que en Extremadura hay 13 empresas homologadas por la OTAN como proveedores del sector de la Defensa y que la Junta de Extremadura está alineando sus políticas de desarrollo económico con el plan de rearme impulsado por la Unión Europea, a través del programa de ayudas Consolidapyme.
Esta línea de ayudas, destinadas al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, incluye como novedad las certificaciones específicas para el sector de la seguridad y la defensa, abriendo la puerta a que las empresas extremeñas se incorporen a la industria militar europea.
Esto significa reforzar la industria de defensa como motor económico y la normalización de la de la militarización de la economía, en regiones que tradicionalmente no tenían peso en este sector, como Extremadura
¿Queremos los extremeños y extremeñas financiar guerras? Somos conscientes del impulso de desarrollo económico que necesita nuestra tierra, pero no a costa de la muerte de miles de personas en todo el mundo y a vivir en un estado de alarma e inseguridad.
Frente al discurso dominante que asocia seguridad con gasto militar, rearme y participación en la industria de defensa, en Extremadura debemos reivindicar otra idea de seguridad: una seguridad que ponga la vida en el centro, que garantice derechos y proteja a las personas en su día a día.
La verdadera seguridad que necesitamos en nuestra tierra no tiene que ver con balas, tanques ni contratos con la OTAN. Lo que nos da seguridad real es saber que tendremos pensiones públicas dignas después de toda una vida de trabajo. Que contaremos con médicos y médicas de atención primaria, accesibles en todos los pueblos. Que nuestros tratamientos en los hospitales públicos seguirán siendo gratuitos, sin listas de espera interminables ni amenazas de privatización.
Nuestra seguridad se construye también desde la educación pública y de calidad, desde las escuelas hasta la universidad, con un sistema de becas justo que permita estudiar sin importar el nivel económico. Se garantiza con prestaciones por desempleo, con el Ingreso Mínimo Vital que sostiene a tantas familias vulnerables, y con un sistema de protección social fuerte.
Extremadura no necesita ser un enclave de la industria armamentística. Necesita empleo digno, sostenibilidad, servicios públicos fuertes y una economía que mire al futuro sin poner en riesgo la paz ni los derechos humanos. Apostar por la militarización no es desarrollo: es renunciar a otro modelo posible, más justo, más democrático y más humano.
Como alertaron las organizaciones de la sociedad civil reunidas en el Foro de Sevilla: «Rechazamos la militarización de la ayuda y el desvío de la cooperación al desarrollo hacia objetivos de seguridad que perpetúan la desigualdad y el daño, y exigimos redirigir el gasto militar hacia la financiación de servicios públicos, infraestructuras sociales y resiliencia ambiental.»
Un nuevo modelo de cooperación internacional en debate
En este contexto, la Unión Europea y las Naciones Unidas han iniciado procesos de revisión de sus marcos financieros y estrategias de cooperación internacional. Las nuevas propuestas y reformas del sistema de financiación del desarrollo sostenible, se plantea una transformación del modelo tradicional: menos cooperación basada en donaciones y más en inversiones público-privadas, préstamos reembolsables y alianzas estratégicas con actores del sector privado.
Aunque estas propuestas buscan mayor eficiencia y sostenibilidad financiera, organizaciones sociales y expertos en desarrollo alertan sobre el riesgo de condicionar la cooperación a intereses económicos o geopolíticos, dejando de lado los enfoques centrados en derechos humanos y justicia social.
El pasado fin de semana, CONGDEX participó en el Foro de la Sociedad Civil, un espacio de encuentro de organizaciones sociales de todo el mundo, celebrado antes de la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de ONU en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio.
A las puertas del fin del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los avances son claramente insuficientes. La emergencia climática, el retroceso de derechos, los conflictos armados, los desplazamientos forzados y el aumento de las desigualdades y del hambre exigen respuestas urgentes.
Los países miembros deben dialogar con la sociedad civil global, necesitamos propuestas que aseguren que los derechos humanos, la protección del planeta y la justicia global estén en el centro.
El documento final del Foro, debe ser un compromiso mundial para:
- Que quienes más contaminan o más se benefician económicamente contribuyan proporcionalmente a reparar los daños.
- Que se establezcan impuestos especiales a grandes fortunas y beneficios extraordinarios.
- Que se reestructure o condone la deuda ilegítima que bloquea el desarrollo del Sur Global.
- Que se cumplan los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo.
- Que se regule al sector privado para que su acción se alinee con los principios del desarrollo sostenible.
- Y que se reformen las instituciones financieras internacionales, democratizándolas para que respondan realmente al interés común.
Criminalización y restricciones al trabajo de las ONGD
En paralelo, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) enfrentan una creciente criminalización y restricciones legales en diversas partes del mundo. Casos como el de Nicaragua, donde 5600 ONGs han sido ilegalizadas en los últimos años; El Salvador, con normativas que dificultan el acceso a fondos internacionales; o Palestina, donde organizaciones de derechos humanos han sido catalogadas como terroristas, ilustran esta preocupante tendencia.
Este ataque al espacio cívico no solo limita la labor humanitaria y de defensa de derechos, sino que también erosiona la confianza ciudadana en estas organizaciones, alentada por campañas de desinformación, censura y estigmatización.
Impacto social: desinformación, estereotipos y desgaste de la solidaridad
La creciente securitización del discurso público tiene un efecto directo sobre la ciudadanía. A través de medios de comunicación y redes sociales, proliferan bulos que vinculan migración con delincuencia, acusan a las ONGD de favorecer intereses ideológicos o difunden estereotipos que banalizan la cooperación internacional.
Esto contribuye a una polarización social creciente, debilitando los valores de solidaridad y empatía. La narrativa del «nosotros contra ellos» sustituye a la de la cooperación global y la corresponsabilidad. Además, la desinformación mina el apoyo a políticas públicas de cooperación, dificultando aún más la tarea de las organizaciones en el terreno.
Nos encontramos ante un cruce de caminos: podemos optar por reforzar una visión del mundo centrada en el miedo, el control y la militarización; o podemos defender un enfoque basado en la cooperación, los derechos humanos y la justicia global. Para ello, es imprescindible proteger el espacio de actuación de las ONGD, garantizar un financiamiento coherente y fortalecer una ciudadanía crítica, informada y comprometida con un modelo de seguridad que priorice la vida digna para todas las personas, más allá de las fronteras.
