Extremadura apenas destinó el 0,13% de su presupuesto a cooperación en 2025
Los datos suponen que cada persona en Extremadura aportó 10,37 euros a lo largo del año a políticas de cooperación.
La media de los presupuestos destinados a cooperación por las CCAA en 2025 se sitúa en un 0,12%, un porcentaje que apenas varía desde el año 2020. Incluso las comunidades que mejores datos presentan se sitúan cerca de la mitad del 0,7% comprometido.
Extremadura destinó en 2025 apenas un 0,13% de sus presupuestos a Ayuda Oficial al Desarrollo, según recoge el informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo presentado hoy el pasado viernes 14 en el Parlamento de Andalucía. Esto supone que, de media, cada persona en Extremadura contribuyó con 10,37 euros a lo largo del año a políticas de cooperación.
En total, la AOD regional ascendió a 10,95 millones de euros, lo que representa el nivel más bajo de la última década. A pesar de los avances normativos —como la aprobación de la Ley 3/2023 y la definición del Plan General de Cooperación 2024–2028—, la realidad muestra “un sistema paralizado y debilitado.
Asimismo, el informe destaca que, a pesar de los esfuerzos de varias comunidades, en 2025 la media autonómica de los fondos destinados a cooperación sitúa en el 0,12% los presupuestos autonómicos, muy alejado del 0,7%, una meta fijada desde hace décadas por la comunidad internacional, refrendada en el Compromiso de Sevilla, resultado de la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo, y asumida por la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, así como por muchas de las propias Comunidades Autónomas.
Una política estancada
Según los datos de la Red, los porcentajes más bajos corresponden a la Región de Murcia, (0,01%), Comunidad de Madrid y Aragón (ambas con 0,02%). Pero incluso Euskadi, primera en este listado, se sitúa en el 0,35% y por tanto en la mitad del compromiso asumido por la cooperación descentralizada. Si dividimos el presupuesto destinado a cooperación por parte de los gobiernos autonómicos por habitante nos queda una media de 8,5 euros por persona cada año. En términos absolutos, la suma de los presupuestos autonómicos en cooperación alcanzó en 2025 los 334,4 millones.
Este Informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas aplaude el crecimiento de la ayuda en términos absolutos, y reconoce los avances en Catalunya o Euskadi, mientras que señala los recortes en Comunitat Valenciana y Andalucía, o las prórrogas de los presupuestos en Extremadura o Aragón, donde ya se produjo una disminución en las partidas en 2024.
La cooperación en Extremadura, en su nivel más bajo de la última década
Extremadura mantiene en 2025 unos presupuestos prorrogados del ejercicio anterior, lo que ha limitado la capacidad de recuperación de su política de cooperación. En dichos presupuestos, los fondos destinados a cooperación se redujeron de 14,1 millones de euros en 2023 a 10,9 millones en 2024, lo que supuso una disminución del 22,74 % según su Tasa Anual de Variación.
El contraste con la evolución del Presupuesto Total Consolidado (PTC) resulta llamativo: mientras el presupuesto general de la comunidad ha crecido de forma progresiva y constante, las partidas de cooperación se han reducido. En términos relativos, Extremadura se sitúa actualmente en un 0,13 % del presupuesto autonómico, lejos del 0,21 % alcanzado en 2018 y del compromiso del 0,7 % fijado para 2030 en la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada en 2023.
En el plano normativo, durante 2024 se desarrollaron varios instrumentos de planificación, entre ellos el Plan General de Cooperación 2024–2028, el Proyecto de Decreto del Registro de Agentes de Cooperación y las nuevas Bases Reguladoras de Ayudas en la materia. Sin embargo, estos procesos no han estado exentos de críticas: diversas organizaciones han cuestionado el modelo de participación impulsado, al considerarlo restrictivo y generador de asimetrías normativas que debilitan el tejido asociativo extremeño (CONGDEX, 2025).
Se ha señalado, además, que las nuevas exigencias administrativas imponen mayores requisitos a las ONGD que a otros actores privados, lo que pone en riesgo la continuidad y pluralidad del sistema público de cooperación.
A nivel local, destaca el compromiso de la Diputación Provincial de Cáceres, consolidándose como la institución provincial con mayor esfuerzo y coherencia en la materia. En un contexto de estancamiento autonómico, su trabajo representa un ejemplo de constancia, visión y compromiso con las prioridades del Sur Global, demostrando que es posible desarrollar políticas públicas de cooperación sólidas y sostenibles, en sintonía con una ciudadanía que continúa apostando por la solidaridad internacional (Coordinadora de ONGD, 2024).
Ante esta situación, desde la Red de Coordinadoras Autonómicas, su portavoz Irene Molero, ha reclamado “tomar ejemplo de aquellos gobiernos locales y autonómicos que realizan mayores esfuerzos y en materia de cooperación y de forma conjunta dar un paso adelante en un momento crucial para el planeta, debido a la intensificación de los conflictos y el retroceso que han protagonizado donantes históricos. Las políticas de cooperación son catalizadoras de la paz, el cuidado de las personas y el planeta, y la defensa de los derechos humanos”.
