POLÍTICAMENTE EVITABLE, HUMANAMENTE IRRESPONSABLE
#LOQUEIMPORTALODEFENDEMOS
En el Día Mundial de las Personas Refugiadas CONGDEX recuerda que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad y seguridad y es obligación de los Estados crear políticas migratorias basadas en los derechos humanos.
Un nuevo naufragio en las costas del mediterráneo ocupa las portadas de muchos diarios del mundo: más de 70 personas, la mayoría de ellas provenientes de Pakistán, Siria, Egipto y Palestina han muerto en las costas del Mediterráneo.
Esta tragedia demuestra, una vez más, que seguimos sin proponer una política migratoria integral, que realmente gestione y no sólo esté enfocada al control, la expulsión y la externalización de fronteras. Necesitamos políticas que acojan y pongan a las personas en el centro, que tomen en cuenta las múltiples dimensiones de la movilidad humana y brinden respuestas basadas en los derechos humanos; es obligación de los Estados proteger la dignidad humana de todas las personas sin distinción alguna de género, edad, origen, etnia o condición migratoria.
España tiene una oportunidad de dar un paso al frente a favor de los derechos humanos de las personas refugiadas al asumir la presidencia de la Unión Europea.
Es una oportunidad para aumentar estructuralmente las vías legales y seguras de protección, aumentando los visados, el reasentamiento y los corredores humanitarios; ampliando los criterios y simplificando los procedimientos para las reagrupaciones familiares, así como respetando el derecho a la libertad de circulación. El aumento de mayores restricciones a la movilidad humana genera el aumento de rutas de mayor inseguridad y desprotección.
Las causas de los desplazamientos son diversas, como diversas son las situaciones de quienes utilizan estas vías para salvar sus vidas; en muchos casos las personas huyen de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, crisis económicas, desastres ambientales y los efectos del cambio climático, crisis humanitarias y, crecientemente, el aumento de la inseguridad y las violencias de todo tipo. O bien porque su vida, en su país de origen, ha sido amenazada por violencia, conflictos y violaciones de derechos humanos. Son las niñas, los niños, las mujeres y la comunidad LGTBI los más vulnerables en esta situación. La principal característica que une a estas millones de personas es la condición de vulnerabilidad que les obliga a huir.
Las tragedias en el mediterráneo exigen poner en marcha una operación de búsqueda y salvamento a nivel de la Unión Europea para reducir el número de muertes y desapariciones: sólo en 2022 más de 20.000 personas en peligro fueron ignoradas en el mar. En los seis primeros meses de 2023 se han producido al menos 1.030 muertes documentadas de migrantes en el Mediterráneo Central. Según la OIM, el primer trimestre de 2023 ha sido el más mortífero desde 2017.
El hecho de que nadie intervenga es una violación del derecho a la vida y del derecho marítimo, que obliga a cualquier Estado o buque a rescatar a cualquier persona en peligro, independientemente de su situación legal y, a trasladarla a un puerto seguro.
En un mundo cada vez más convulsionado por los conflictos, la protección de los derechos humanos es una necesidad vital.
A finales de 2022, la cantidad de personas desplazadas por la guerra, la persecución, la violencia y los abusos contra los derechos humanos se situó en un récord de 108,4 millones, 19,1 millones más que el año anterior.
Es fundamental recordar que las/los refugiadas/os, son personas con derechos y aspiraciones, no simples números o problemas a resolver. Son madres, padres, hijos e hijas que buscan seguridad y una vida digna. Debemos reconocer su valor y ofrecerles el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas y contribuir positivamente a las comunidades que los acogen.
La movilidad humana y el derecho al refugio es un asunto de derechos humanos básicos que exige respuestas basadas en una mirada integral de desarrollo sostenible y en la obligación de los Estados de proteger la dignidad humana de todas las personas sin distinción alguna de género, edad, origen, etnia o condición migratoria.
Nuestro compromiso como organizaciones de sociedad civil es denunciar estas violaciones de los derechos humanos más básicos, hacer propuestas para mejorar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, demandar la Aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular en España y exigir a las autoridades el impulso de acuerdos necesarios para lograr una política migratoria europea que se asiente sobre el pleno respeto de los derechos humanos y defienda los principios de solidaridad y responsabilidad compartida.