AECOS_NOVACT: Comunicado denuncia “Ataques sistemáticos a periodistas en los Territorios Palestinos Ocupados”

Desde Novact (Instituto Internacional por la acción noviolenta) y AECOS (Asociación Extremeña de Comunicación Social) se emite un comunicado de denuncia debido al incremento de los ataques a periodistas y medios de comunicación, durante los pasados meses de mayo y junio, alertados por el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de los Medios de Comunicación (MADA) MADA ha monitoreado y documentado un total de 245 ataques, lo que supone una violación grave al ejercicio de la libertad de prensa y al derecho a la información.

  • Os adjuntamos la nota de prensa que nos han enviado (tenéis libertad para publicarla en vuestras redes, junto con la imagen de esta noticia). 
Nota-de-Prensa-Ataque-a-periodistas-en-Palestina

FUNDACIÓN MUJERES_Comunicado a las instituciones en materia de Cooperación al Desarrollo e Igualdad y a la sociedad Civil

Fundación Mujeres quiere mostrar su apoyo a todas las organizaciones feministas que trabajan por los derechos de las mujeres y pide a toda la sociedad civil que se sume a esta petición para que los ministerios vinculados con la Igualdad y la Cooperación Internacional se comprometan a establecer medidas de apoyo necesarias a las organizaciones feministas que están siendo cuestionadas en sus propios países.

Asímismo, solicita a todas las administraciones públicas y demás agentes de la cooperación al desarrollo que establezcan las prioridades oportunas en defensa del trabajo que realizan las ONGs feministas, en los países destinatarios de la ayuda, con especial atención a aquellos en los que se evidencia un retroceso en los marcos democráticos y una mayor tendencia por parte de los gobiernos actuales a criminalizar el trabajo realizado por las ONGs, tanto nacionales como extranjeras, y más concretamente del movimiento feminista.

Defender a las defensoras de los derechos de las mujeres debe ser una prioridad indiscutible  y una responsabilidad compartida.

COMUNICADO DE FUNDACIÓN MUJERES

FMujeres_Comunicado_Melidas

LEA LA NOTA DE PRENSA PUBLICADA POR FUNDACIÓN MUJERES AQUÍ

COMUNICADO SITUACIÓN PALESTINA

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD, Congdex y, como miembros de la Coordinadora Estatal y de la Red de Coordinadoras Autonomicas, nos unimos al manifiesto elaborado por ambas, para denunciar la situación actual de desprotección que se está viviendo en Gaza y exigir el respeto de los derechos humanos y el fin de la violencia contra el pueblo palestino. Tal y como señala Amnistía Internacional, “el uso de fuego real en situaciones en las que no existe un peligro inminente de muerte o lesiones graves constituye una terrible violación del derecho internacional”.

MANIFIESTO COORDINADORA ESTATAL DE ONG

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia de las fuerzas armadas israelíes contra la población civil palestina, tanto en los territorios ocupados de Cisjordania, como en la Franja de Gaza, que nuevamente sufre unas desproporcionadas represalias que han provocado ya decenas de personas muertas. Sin olvidar, además, la violencia perpetrada tanto por fuerzas policiales como por colonos israelíes contra población árabe, en el Estado de Israel, fruto de una política irresponsable de confrontación que está escalando la tensión, y que hace temer una extensión de mucha mayor envergadura del conflicto, de modo que acabe afectando al conjunto de la población civil dentro de dicho Estado.

Las incursiones de las fuerzas armadas israelíes en recintos civiles o religiosos árabes, así como los ataques que se han repetido en las últimas semanas y en los que se han utilizado balas de acero recubiertas de goma, golpes físicos, gases lacrimógenos o granadas de sonido contra la población palestina, no han hecho sino acrecentar una indignación permanente. Así mismo, los bombardeos perpetrados por el ejército israelí contra la Franja de Gaza son causa de muchísima preocupación por las implicaciones en los derechos humanos del pueblo palestino. Estos ataques no sólo vuelven a poner el foco en la ocupación militar de Cisjordania y en el bloqueo y asedio que sufre la población de Gaza desde hace años, sino que nos recuerdan la difícil situación que afronta diariamente la población palestina residente en el Estado de Israel. La comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto y evitar que se cometa una masacre que resulte una nueva causa para la vergüenza internacional.

Como ONG de cooperación, paz y derechos humanos, estamos especialmente preocupadas porque, a ello, se suma el ataque continuado a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de derechos, y la detención de civiles, como Juana Ruiz, ciudadana española y trabajadora de la organización palestina Health Work Committees.  Todo ello en un contexto de ocupación militar por parte de Israel de los territorios palestinos desde 1967, con una violación continuada y sistemática del Derecho Internacional Humanitario, con una permanente dejación de las obligaciones de una potencia ocupante con la población civil ocupada, y con la negación de los derechos fundamentales de la población palestina, derechos que compañeras como Juana tratan de defender con su trabajo.

La presión que ejerce el Gobierno de Israel a las personas y organizaciones que forman el sector de la cooperación y la acción humanitaria en Palestina, así como del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, se enmarca en una estrategia del Gobierno Israelí para la criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos de la población palestina y en el Territorio Ocupado Palestino. Organizaciones de la sociedad civil palestina e internacional, entre las que se incluye la UNRWA, vienen sufriendo una continua campaña de desprestigio y criminalización por su actividad de denuncia de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Se está realizando una instrumentalización del caso de Juana Ruiz para reactivar una campaña de desprestigio, criminalización y judicialización a la cooperación internacional en el Territorio Ocupado Palestino.

La Coordinadora de ONGD y la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD dejamos claro nuestro respaldo al trabajo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la población palestina. Y hacemos un llamamiento a que se proteja a las personas y a las organizaciones.

Por todo lo anterior, pedimos al Gobierno de España y a todos los gobiernos autonómicos:

  • Una condena enérgica de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina por parte del Estado de Israel y la suspensión inmediata de transferencias de armas a Israel hasta que se tomen medidas para garantizar que no se utilicen para violaciones graves del derecho internacional, en línea con lo que están demandando otras organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
  • Una firme denuncia del uso de la violencia contra la población civil, con especial condena al empleo de bombardeos sistemáticos contra civiles.
  • La exigencia del fin inmediato de la escalada militar y las operaciones del ejército israelí contra la población civil palestina.
  • Rechazo rotundo y denuncia pública de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, en línea con sus valores, planes estratégicos y prioridades de trabajo.
  • Compromiso con las organizaciones de la sociedad civil y con la cooperación por parte de los gobiernos y administraciones del Estado español y de la Unión Europea. Es imperativo mantener el compromiso con la defensa de los derechos de la población palestina desde todos los niveles de la administración pública.
  • La condena, rechazo y denuncia rotunda y pública por parte de la ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Arancha González Laya, de las falsas acusaciones de falta de control y fiscalización de los fondos de cooperación y acción humanitaria gestionados vía ONGD, así como una clara defensa del sector.
  • La llamada a consultas a la embajadora de Israel en Madrid para que dé explicaciones /explique acerca ¡de las acusaciones que se están vertiendo a la persona de Juana Ruiz y al sector de la cooperación y de la acción humanitaria del Estado Español en el Territorio Palestino Ocupado.
  • Estudiar las implicaciones jurídicas/penales de estas acusaciones para el Estado Español y para las ONGD del Estado Español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino.
  • Garantizar, de forma activa, la protección de las organizaciones del Estado español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino para que ejerzan con plenas garantías su rol como sociedad civil a través de los mecanismos oportunos y acordados en terreno junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Consulado y la Embajada.
  • Solicitar una reunión de representantes de Asuntos Exteriores europeos para abordar la criminalización al sector y al trabajo que las entidades de cooperación y humanitarias llevan a cabo en el Territorio Ocupado Palestino.
  • Solicitar una reunión con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Josep Borrell, para abordar la criminalización del sector de la cooperación y de la acción humanitaria en el Territorio Ocupado Palestino, y exigir una respuesta clara y pública por parte de la Unión Europea a las acusaciones recibidas al sector.
  • Manifestar en todas las comunicaciones externas la necesidad de acabar con la impunidad del Estado de Israel exigiendo su cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.

Instamos a las partes a parar inmediatamente cualquier forma de violencia, desescalar las hostilidades, proteger a las poblaciones, atender a los compromisos humanitarios internacionales y detener el uso excesivo de la fuerza. Y a la comunidad internacional a contribuir activamente a ello.

COMUNICADO CONGDEX EN DENUNCIA DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA HACIA POBLACIÓN MIGRANTE Y/O REFUGIADA EN TIEMPOS DE COVID-19

La pandemia COVID-19 nos ha traído gestos de solidaridad, colaboración, ayuda, empatía, de aprender otras formas de relacionarnos, de cuidarnos a nosotras mismas y a nuestro entorno, de protegernos y de mirar el mundo con otra mirada, desde nuestros hogares y refugios.

La pandemia también nos ha enseñado que este virus no tiene fronteras, no tiene raza, no tiene sexo, género, orientación sexual ni religión.

Pero los cambios sociales y de valores no van tan rápido como creemos o como nos gustaría y, un ejemplo de ello, son todos los años que llevamos las organizaciones sociales y de desarrollo trabajando para lograr transformaciones profundas en nuestra sociedad, demandando la justicia y la dignidad de todas las personas que se encuentran en situaciones de desigualdad.

El COVID-19 ha puesto encima de la mesa un nuevo contexto, que nuevamente nos  sitúa por un lado, en apostar por sociedades colaborativas y solidarias y, por otro, en el renacer de  discursos y/o posturas que llevan a la incitación del odio, el individualismo y el neoconservadurismo.

Ante el tratamiento en algunos medios de comunicación del caso del rebrote de COVID-19 en la localidad  extremeña de Navalmoral de la Mata, nos preocupa mucho y nos pone en alerta ver las manifestaciones racistas y xenófobas que ha traído consigo esta noticia.

El mal uso de la información, la tergiversación y la generación de bulos y/o rumores, hace que se invisibilicen otras muestras de solidaridad, compromiso e inclusión que se dan en nuestra sociedad extremeña.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD condenamos cualquier acto y/o forma de intolerancia y discriminación contrarias al respeto de los derechos humanos; las personas migrantes y/o refugiadas son especialmente las que mayor exclusión sufren en cualquier tipo de crisis.

Apostamos por la sensibilización y la educación de la ciudadanía global en coordinación con todos los actores políticos y sociales, en la búsqueda de soluciones pacíficas y que nos alejen del  racismo y la xenofobia.

Tenemos desafíos por delante y debemos combatirlos desde la #FuerzadelaSolidaridad.

MANIFIESTO “Por un pacto para la reconstrucción social de España”

El próximo día 27 de junio las Comisiones Ejecutivas Confederales de UGT y CCOO han convocado
MOVILIZACIONES en el conjunto del territorio español, para reivindicar un pacto para la
reconstrucción social de nuestro país.

En Extremadura, CCOO de Extremadura y UGT Extremadura han convocado una  CONCENTRACIÓN el próximo sábado día 27 de junio a las 12:00h en Badajoz,  en la Plaza de España.

Se intentará ocupar de un extremo a otro la plaza. Es fundamental evitar las aglomeraciones y preservar
las medidas de seguridad. La idea es hacer varias filas dejando dos metros de distancia entre una y
otra hasta llenar el ancho de la plaza y prolongarlas tanto como sea posible, dejando la preceptiva
distancia entre una persona y otra. Se deberán llevar mascarillas.

Se ha elaborado un manifiesto que ha sido suscrito por numerosas personas del mundo de la cultura, la ciencia, el arte, la universidad, el periodismo, el sindicalismo y las organizaciones sociales. Desde Congdex hemos querido sumarnos a este manifiesto, porque pensamos que no podemos ignorar que el impacto de esta crisis sanitaria es aún mayor en países donde la desigualdad social llega a niveles máximos, allí donde es mayor el empobrecimiento de la ciudadanía y la debilidad o inexistencia de servicios públicos que garanticen el acceso a la sanidad y a los sistemas de protección. Porque con ellas y ellos también tenemos obligaciones a través de la Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad internacional.

#VamosASalir

Aqui puedes leer el manifiesto:

Manifiesto: Por un pacto para la reconstrucción social de España

 

Si consideráis adheriros podéis hacedlo escribiendo a ugt@extremadura.ugt.org y ccooextremadura@extremadura.ccoo.es

 

¡NO MÁS DEVOLUCIONES EN CALIENTE!

 El pasado 3 de enero de 2020, España llevó a cabo la devolución en caliente de  42 personas migrantes: 26 mujeres, 14 hombres y 2 niños de 3 y 4 años, que llegaron a Marruecos desde la Isla Congreso del Archipiélago de Chafarinas en plena madrugada. En esta ocasión el Gobierno de España ha permitido la devolución en caliente de menores y mujeres vulnerables.

Actualmente, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado tal devolución, argumentando que la embarcación nunca llegó a pisar la Isla. Sin embargo,  las organizaciones de Derechos Humanos que trabajan in situ tienen constancia de que estas 42 personas llegaron a Chafarinas en la madrugada y que no fueron asistidas hasta que fueron devueltas a Marruecos, pese a que había personas heridas y uno de los niños estaba enfermo.

Las organizaciones de derechos humanos firmantes consideramos que estamos una vez más ante una grave vulneración de Derechos Humanos. Una práctica ilegal como ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en repetidas ocasiones. Vulnera también la propia disposición primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues las personas no han tenido acceso a letrado, ni a intérprete, ni se ha tramitado proceso administrativo de expulsión o devolución, incumpliendo las mínimas garantías que establece la normativa. El control de fronteras y la contención de flujos migratorios no puede en ningún caso incumplir la legalidad vigente.

Dada esta situación, exigimos el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas por vulnerar el derecho fundamental de toda persona que pueda ser objeto de persecución a ser informada de su derecho a pedir protección internacional o asilo. Y por tanto, exigimos que se lleve a cabo la correspondiente investigación por los hechos acontecidos.

Asimismo pedimos a la nueva coalición de gobierno que no olvide para su investidura que:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por esta práctica en 2017, con una sentencia que evidenció la ilegalidad de las devoluciones sumarias y la imposibilidad de su cobertura a través de la disposición adicional décima incorporada a la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es urgente derogar esta disposición adicional y cesar esta práctica ilegal que viene realizándose en Frontera Sur desde 1995. Reclamamos además al nuevo gobierno que retire el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado ante la condena del TEDH.
Respecto a los procedimientos llevados a cabo en frontera, reclamamos que en su ejecución esté asegurado un proceso con todas las garantías, centrado en el reconocimiento de las necesidades de las personas migrantes y basado en el principio de no devolución, recogido en los códigos internacionales y uno de los pilares de la Convención de Ginebra de 1951.
Rechazamos la externalización de fronteras como política migratoria, con la que nuestros gobiernos pretenden delegar la responsabilidad de las vidas de las personas migrantes a los gobiernos de países de tránsito donde, en la mayoría de los casos, no se respetan los derechos de las personas.

Aquí está el formulario de adhesión y en el texto completo se encuentra una cronología detallada de la situación. 

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD os invitamos a DIFUNDIR y  la ADHESIÓN al Comunicado , es fundamental posicionarse, sumar apoyos y sobre todo  visibilizar lo que está pasando en las fronteras del mundo.

Alianza Emergencia Climática Extremadura – Huelga Mundial Por El Clima 27 Septiembre

Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 oC del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva al deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón de especies que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. También se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático

Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas. 

La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son de las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la temperatura global en 1,5 oC será una factura demasiado cara para las generaciones presentes y futuras. La responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos coordinados con todos los grupos políticos, es estar a la altura de las necesidades que exige el momento. 

Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq (equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta. 

Lograr estos objetivos requiere necesariamente de: 

Verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe sobre 1,5 oC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para transmitir esa realidad. 

Compromiso. Declarar la emergencia climática a través de asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global de 1,5oC, que establece una senda de reducción de emisiones global entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010. Además, es imprescindible detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. 

Acción. Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles (centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción de los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad; cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la energía nuclear; reorganización del sistema de producción; educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía. 

Solidaridad. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de forma desigual en función de la clase social, el sexo, la procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable. 

La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y cuyo resultado es el incremento de la pobreza, incluida la energética. 

Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás. 

Democracia. La justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones. 

Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la problemática del aumento de gases de efecto invernadero vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como de la aviación civil, que dificultan la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones (ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica. 

Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello y atendiendo a los criterios de justicia climática, deberán ser países como los europeos los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los recursos naturales. 

En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional de Huelga mundial por el clima, una movilización que será, huelga estudiantil, huelga de consumo, movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles, cierres en apoyo de la lucha climática,… e invitamos a la ciudadanía y al resto de actores sociales, ambientales y sindicales a secundar esta convocatoria y a sumarse a las distintas movilizaciones que sucederán el 27 de septiembre.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD nos anexionamos a la red de colectivos y personas preocupadas por la situación actual de crisis climática en la que nos encontramos que han querido moverse para organizar actividades conjuntas para la semana de movilizaciones globales del 20 al 27 de septiembre, Alianza Emergencia Climática Extremadura.

Un grupo de personas, colectivos y organizaciones nos hemos juntado con el interés de coordinar las acciones que se van a desarrollar en Extremadura entre la semana del 20 al 27 y en adelante.

Por ahora, formamos parte de esta alianza:

 

  • AAVV Suerte de Saavedra
  •  AC Salvemos el Guadiana
  •  Adenex
  •  Alianza por la solidaridad Extremadura
  •  Asociación 25 de Marzo
  •  Asoc GeoAlternativa  
  •  AVIRUECO  
  •  Carril Bici en Badajoz YA!
  •  Coordinadora Extremeña de ONGD
  •  Ecologistas en Acción de Extremadura
  •  Ecologistas en Acción Badajoz
  •  Elsalto Extremadura  
  •  Fridaysforfuture Badajoz
  •  Fundación Atabal
  •  Fundacion Globe Nature  
  •  Greenpeace Extremadura
  •  Huerto Ecourbanos
  •  Madres por el Clima Badajoz
  •  Movimiento Extremeño por la PAZ
  •  Movimiento Tren Ruta de la Plata
  •  Ocsi Extremadura  
  •  Ongawa Extremadura
  •  Paisaje,Ecologia y Genero  
  •  Plataforma 0’7 Extremadura
  •  Plataforma Pensionistas Extremadura
  •  REAS Extremadura
  •  Reverdeceremus  
  •  Salvar el Parque Ascensión
  •  Seo Birdlife Extremadura
  •  Slowfood Extremadura  
  •  Som Energía Extremadura

Si quieres formar parte te invitamos a rellenar este formulario

Entérate de todas las movilizaciones convocadas para la semana del 20 al 27 de septiembre.

 

Toma la Palabra ONGAWA Badajoz

La CONGDEX se suma al comunicado de CEAR que reclama que España lidere una nueva forma de hacer políticas migratorias en Europa

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) se suma al comunicado que CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) difundió el pasado 2 de agosto, ante la realidad que se esta viviendo en el Mar Mediterráneo y la URGENCIA que se asegure un protocolo de DESEMBARCO SEGURO.

El barco Open Arms se encuentra en estos momentos en el Mediterráneo Central con 121 personas a bordo, que según la organización han sufrido “signos inequívocos de violencia” y esperan un puerto seguro de desembarco.

“Ante el cierre reiterado de puertos de Italia y Malta, CEAR reclama al Gobierno español que recupere el espíritu del Aquarius y asuma el liderazgo de acoger estas personas entre los Estados miembros de la UE para garantizar que no sean devueltas a Libia, un país en guerra donde sus vidas correrían serio peligro.

CEAR considera que el ejecutivo español no puede seguir mirando a otro lado y debe dar un paso al frente, máxime al tratarse de un barco con bandera española y después de que se desmarcara de un acuerdo alcanzado por ocho Estados miembros de la Unión Europea para participar en un mecanismo temporal que permita el desembarco seguro y posterior reubicación entre estos países: Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Finlandia, Lituania, Croacia e Irlanda.

Esta propuesta franco-alemana se centra en el Mediterráneo Central dada la ausencia en esta ruta de servicios públicos de búsqueda y rescate. El argumento de España para rechazarlo es que cuenta actualmente con un equipo de Salvamento Marítimo, pese a que no opera en la citada ruta.

CEAR recuerda que durante este año España no ha participado en ninguno de los acuerdos de reubicación firmados por varios países europeos, requisitos que las autoridades de Italia y Malta han impuesto a los barcos de rescate para permitir los desembarcos. Esto ha obligado a que las personas rescatadas pasen varios días de incertidumbre y agonía en alta mar.

“Nuestro Gobierno no puede seguir ignorando las llamadas de auxilio que se producen desde el Mediterráneo Central. Es el momento de volver a estar en el grupo de países que quieren una Europa solidaria de acuerdo a los valores fundacionales de la Unión Europea”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR.

El Open Arms no es el único barco que actualmente está a la espera de que la faciliten un puerto seguro. El Alan Kurdi, operado por la ONG alemana Sea Eye en colaboración con la española PROEMAID, también ha rescatado a 40 personas en el Mediterráneo Central, después de que la semana pasada unas 150 personas perdieran la vida en el peor naufragio de este año. Al menos 576 personas han muerto en esta ruta, 1 de cada 6 que intenta huir de Libia.

Por este motivo, CEAR exige que se deje de criminalizar a las ONG y a las personas migrantes que tratan de salvar sus vidas. Para ello la entidad considera necesario que se apruebe un mecanismo europeo de desembarco seguro, predecible y posterior reubicación para evitar sufrimientos innecesarios y garantizar el acceso al derecho a solicitar asilo.

“Pese a que el Open Arms tenga bandera española, los Estados miembro de la UE, en aras al criterio de solidaridad compartida, deben proceder de manera urgente a autorizar el desembarco seguro de las personas rescatadas y su posterior reubicación de forma corresponsable. España puede liderar en Europa este proceso para llevar a cabo una nueva forma de hacer políticas migratorias en la UE”, concluye Estrella Galán ( Directora General de CEAR).

Desde la CONGDEX, creemos necesario recordar que más de 65 millones de personas se han visto obligadas a huir por la guerra, la violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales y por las sequías que el cambio climático está generando. Esto supone el número más alto jamás registrado desde la II Guerra Mundial.

Una persona refugiada no lo es por decisión propia. Son personas como tú y como yo, pero que han tenido que elegir entre un ataúd y una maleta porque no tienen más opción.

Protestas en Nicaragua Manifiesto

Reiteramos al Gobierno de Nicaragua su obligación de respetar los derechos humanos

El 18 de abril de 2019 se cumplió un año del inicio de la represión violenta y permanente por parte del Gobierno de Nicaragua contra el derecho a la protesta y a la movilización ciudadana. Además, se ha desarrollado una estrategia para limitar las libertades civiles y democráticas tratando de criminalizar y perseguir movimientos sociales juveniles y feministas, así como organizaciones de la sociedad civil.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por los efectos de la ley integral de amnistía presentada por el Gobierno de Nicaragua, que podría eximir a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el contexto de las protestas contra el Gobierno, iniciadas en abril de 2018.

Según los datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en noviembre de 2018 se contabilizaban 514 personas asesinadas; el comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos denuncia la existencia de 779 personas encarceladas (en muchos casos sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes), esta situación ha provocado que 60.000 personas estén hoy exiliadas fuera del país. Hemos de recordar que el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.

Partiendo del hecho de que los derechos de las personas son inalienables, desde la CONGDEX nos unimos al manifiesto de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo del Estado español.

Manifiesto Nicaragua ONGD

 

Trabajando desde 1995 para que las sinergias tejidas por nuestras organizaciones, con el efecto multiplicador de sus diferencias y el valor positivo de lo que las une, sigan construyendo cimientos en nuestra región para un desarrollo global, sostenible, participado y equitativo.




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