El sábado 24 de junio por la mañana, ha tenido lugar un intento de salto a la valla de Melilla. Según informa la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, unas 2.000 personas se han aproximado a las inmediaciones del perímetro fronterizo por la zona de Barrio Chino.
La brutalidad policial ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto del estado español como del marroquí ha provocado una avalancha humana y la muerte de al menos 37 personas, según las organizaciones de derechos humanos presentes en la frontera.
Las condiciones de la tragedia de este viernes se vienen sucediendo desde hace varias semanas, las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades migrantes en Nador y su región presagiaban este drama humanitario.
Este último salto ocurre en el contexto de la última crisis diplomática y posterior acuerdo entre Madrid y Rabat que terminó el pasado 8 de junio con el abandono, por parte del Gobierno de España, de su histórica neutralidad respecto al conflicto del Sahara Occidental y respaldo del plan marroquí para el territorio, al que pretende dotar de más autonomía.
Las muertes, las devoluciones en caliente y escenas violencia extrema que vemos nos alertan sobre el carácter mortífero y racista de las políticas de cooperación en materia de seguridad sobre la inmigración y las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea; principalmente contra personas procedentes de África.
Si ningún ser humano es ilegal y hay un compromiso con las personas refugiadas y migrantes; estas atrocidades no deben quedar impunes bajo ningún concepto y todos los actores políticos deben tomar responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir.
La Coordinadora Extremeña de ONGD se suma al llamado realizado por organizaciones humanitarias para:
Manifestar nuestras más profundas muestras de condolencias a las familias de las víctimas de este drama humanitario que no debe volver a repetirse.
Garantizar la seguridad, asistencia sanitaria y protección de los derechos humanos de todas las personas; especialmente de las personas migrantes que han logrado llegar a Melilla y de las más de 1000 personas que se han quedado en territorio marroquí.
Recordamos que el derecho a solicitar Protección Internacional y Asilo y tener un proceso legal y con garantías, asegurando siempre la no devolución de las personas es un derecho humano y una obligación de todos los Estados.
Nos sumamos al llamamiento realizado por las organizaciones y movimientos de derechos humanos a las manifestaciones que se realizarán el día de hoy para exigir el fin de políticas migratorias inhumanas.
Cooperación y migraciones, dos políticas relacionadas pero no a cualquier precio.
Dentro de unos días se celebra el Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo en el que se profundizará sobre las migraciones y su vínculo con la cooperación para el desarrollo. El evento tendrá lugar en Canarias, que se ha convertido en los últimos años en la ruta de migración irregular más concurrida para llegar a Europa y también la más mortífera desde el año 2020.
La relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones ha de ser promover contextos de vida favorable para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Las organizaciones sociales llevamos años pidiendo respuestas que sean respetuosas con los derechos humanos y coherentes con los compromisos internacionales en materia de derecho internacional. Entre ellos, el establecimiento de vías legales y seguras para la migración. También hemos denunciado de manera persistente la frecuente instrumentalización de la cooperación internacional como herramienta para frenar las migraciones. Por todo ello, cabe destacar y recordar que la relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones ha de ser promover contextos de vida favorable para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Es pertinente también recordar que la migración es un fenómeno multicausal. Mejorar las condiciones materiales y sociopolíticas de los pueblos del Sur Global es un buen comienzo para amainar las migraciones forzadas, pero no las elimina de manera permanente. Es por ello que los esfuerzos de las administraciones españolas y europeas han de estar centrados en favorecer rutas migratorias seguras y regulares, donde prime el enfoque de derechos y se salvaguarde la legislación internacional en materia de asilo y refugio.
Asimismo, si realmente queremos atajar las causas profundas de las migraciones forzadas primero tenemos que atender a aquellas políticas locales, regionales y estatales que pueden estar interfiriendo en el libre desarrollo de los países del Sur Global. Frenar la venta de armas, apostar por una política comercial justa y equitativa, detener la esquilmación de recursos naturales en los países del Sur Global o disminuir las emisiones de gases contaminantes son solo algunas de las medidas que podemos tomar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Sur.
La cooperación internacional al desarrollo es, por supuesto, un eslabón central a tener en cuenta. No obstante, reiteramos que la cooperación internacional para el desarrollo no puede seguir desviándose hacia la securitización y externalización de fronteras por las que abogan ciertos marcos normativos como el Pacto Europeo de Migraciones. La ayuda oficial al desarrollo ha de llegar a todos los países que lo necesiten, independientemente de si son o no territorios fronterizos, y no puede ni debe ser utilizada como moneda de cambio. De este encuentro debe salir un mensaje alto y claro: la cooperación internacional es una herramienta que contribuye a la mejora de las condiciones de vida en los países de origen, pero no puede interponerse al derecho a migrar.
La situación humanitaria en Ucrania continúa deteriorándose a un ritmo alarmante.
Muchas personas se preguntan qué pueden hacer para ayudar al pueblo ucraniano; “Extremadura con Ucrania” es una campaña dirigida a informar a la población extremeña sobre los canales seguros para ayudar a todas las personas afectadas por el conflicto.
CONGDEX reitera su llamado “UNA VEZMÁS NO A LA GUERRA”; todos los conflictos armados tienen graves consecuencias en la
vida de millones de personas.
Recuerda, puedes contribuir con una de las organizaciones y proyectos incluidos en este apartado y promocionar nuestro COMUNICADO compartiendo esta campaña en tus redes sociales y medios de comunicación #extremaduraconucrania
Desde la Coordinadora Extremeña de ONGDs, manifestamos nuestra más rotunda repulsa a la invasión de Ucrania. Condenamos enérgicamente ésta y cualquier guerra e instamos a los gobiernos a actuar por la vía diplomática para garantizar los derechos humanos y reinstaurar la paz en estos territorios. El diálogo y la argumentación frente a las armas; los derechos humanos y la paz frente a las invasiones; las personas por encima de los intereses unilaterales. Nos solidarizamos y nos unimos a todas las manifestaciones y movilizaciones que se van a producir a lo largo y ancho de la geografía del Estado español.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este día representa un llamado a la acción, es un recordatorio de que los avances en derechos humanos que se han alcanzado y los desafíos que aún persisten han sido movilizados y denunciados por defensoras y activistas por los derechos humanos comprometidos con la vida y la dignidad de todas y todos.
Lee y comparte nuestra nota de prensa que hemos publicado aquí:
Más de 20 ciudades españolas se unen a las movilizaciones en apoyo al Juicio por el Clima presentado por organizaciones sociales contra el Gobierno.
En todo el mundo, cientos de localidades vuelven a salir a las calles para exigir acciones contundentes contra el cambio climático.
Las consecuencias para millones de personas son irreversibles. El impacto sobre derechos como la salud, la alimentación o el trabajo es enorme, especialmente en los países pobres que son los que menos contribuyen a las emisiones de CO2.
En la semana en la que Pedro Sánchez acude a la Asamblea General de la ONU, recordamos que las palabras deben dar paso a los hechos. La reducción de emisiones, la legislación que controle las actuaciones de las empresas más allá de nuestras fronteras o la acogida a población refugiada climática no son una elección, son un deber.
El movimiento de protesta impulsado por Fridays for Future–Juventud por el Clima en España ha convocado para el 24 de septiembre un nuevo Día de Acción Global por el Clima. En esta ocasión, la jornada se dedicará a exigir justicia frente a la emergencia climática y mostrar el apoyo al llamado Juicio por el Clima, la denuncia contra el Gobierno por su falta de ambición en la materia. Este litigio lo presentamos ante el Tribunal Supremo junto a Juventud por el Clima, Oxfam Intermón, Greenpeace y Ecologistas en Acción.
La movilización cuenta ya con convocatorias en más de 20 localidades del territorio español y el apoyo de organizaciones que exigirán medidas inmediatas, concretas y ambiciosas en respuesta a la actual crisis climática. Las organizaciones convocantes subrayan que el último avance del informe del IPCC muestra con claridad cómo el cambio climático avanza cada vez más rápido y sus efectos son más severos en todo el planeta.
“El cambio climático es una injusticia global”, subrayan plataformas que apoyan la movilización. “Los países y las personas que menos contribuyen a él son los que más sufren sus consecuencias. Desde los países cuyo nivel de desarrollo ha contribuido al aumento desaforado de emisiones, entre los que está España, tenemos una responsabilidad internacional que los gobiernos no pueden eludir”.«Hemos recurrido a la justicia como una herramienta de lucha más”, explica Lorena Ruiz, abogada que representa a las organizaciones litigantes en el Juicio por el Clima, “Al ver que las movilizaciones masivas no hacían cambiar las políticas del gobierno, hemos pedido ayuda a la justicia para que obligue al Gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales adquiridos. La lucha contra el cambio climático es imprescindible para garantizar el derecho fundamental a tener una vida digna de las generaciones presentes y futuras».Las organizaciones implicadas en el Juicio por el Clima difundimos una declaración de intenciones en la que se explican las razones de este litigio.
CONGDEX: Frente a la grave crisis de Derechos Humanos que enfrentan las Organizaciones de Sociedad Civil y la población en Nicaragua; la Coordinadora Extremeña de ONGD hace un llamado a No Olividarse de lo que sucede en Nicaragua.
Desde Novact (Instituto Internacional por la acción noviolenta) y AECOS (Asociación Extremeña de Comunicación Social) se emite un comunicado de denuncia debido al incremento de los ataques a periodistas y medios de comunicación, durante los pasados meses de mayo y junio, alertados por el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de los Medios de Comunicación (MADA) MADA ha monitoreado y documentado un total de 245 ataques, lo que supone una violación grave al ejercicio de la libertad de prensa y al derecho a la información.
Os adjuntamos la nota de prensa que nos han enviado (tenéis libertad para publicarla en vuestras redes, junto con la imagen de esta noticia).
Fundación Mujeres quiere mostrar su apoyo a todas las organizaciones feministas que trabajan por los derechos de las mujeres y pide a toda la sociedad civil que se sume a esta petición para que los ministerios vinculados con la Igualdad y la Cooperación Internacional se comprometan a establecer medidas de apoyo necesarias a las organizaciones feministas que están siendo cuestionadas en sus propios países.
Asímismo, solicita a todas las administraciones públicas y demás agentes de la cooperación al desarrollo que establezcan las prioridades oportunas en defensa del trabajo que realizan las ONGs feministas, en los países destinatarios de la ayuda, con especial atención a aquellos en los que se evidencia un retroceso en los marcos democráticos y una mayor tendencia por parte de los gobiernos actuales a criminalizar el trabajo realizado por las ONGs, tanto nacionales como extranjeras, y más concretamente del movimiento feminista.
Defender a las defensoras de los derechos de las mujeres debe ser una prioridad indiscutible y una responsabilidad compartida.
Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD, Congdex y, como miembros de la Coordinadora Estatal y de la Red de Coordinadoras Autonomicas, nos unimos al manifiesto elaborado por ambas, para denunciar la situación actual de desprotección que se está viviendo en Gaza y exigir el respeto de los derechos humanos y el fin de la violencia contra el pueblo palestino. Tal y como señala Amnistía Internacional, «el uso de fuego real en situaciones en las que no existe un peligro inminente de muerte o lesiones graves constituye una terrible violación del derecho internacional».
MANIFIESTO COORDINADORA ESTATAL DE ONG
Manifestamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia de las fuerzas armadas israelíes contra la población civil palestina, tanto en los territorios ocupados de Cisjordania, como en la Franja de Gaza, que nuevamente sufre unas desproporcionadas represalias que han provocado ya decenas de personas muertas. Sin olvidar, además, la violencia perpetrada tanto por fuerzas policiales como por colonos israelíes contra población árabe, en el Estado de Israel, fruto de una política irresponsable de confrontación que está escalando la tensión, y que hace temer una extensión de mucha mayor envergadura del conflicto, de modo que acabe afectando al conjunto de la población civil dentro de dicho Estado.
Las incursiones de las fuerzas armadas israelíes en recintos civiles o religiosos árabes, así como los ataques que se han repetido en las últimas semanas y en los que se han utilizado balas de acero recubiertas de goma, golpes físicos, gases lacrimógenos o granadas de sonido contra la población palestina, no han hecho sino acrecentar una indignación permanente. Así mismo, los bombardeos perpetrados por el ejército israelí contra la Franja de Gaza son causa de muchísima preocupación por las implicaciones en los derechos humanos del pueblo palestino. Estos ataques no sólo vuelven a poner el foco en la ocupación militar de Cisjordania y en el bloqueo y asedio que sufre la población de Gaza desde hace años, sino que nos recuerdan la difícil situación que afronta diariamente la población palestina residente en el Estado de Israel. La comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto y evitar que se cometa una masacre que resulte una nueva causa para la vergüenza internacional.
Como ONG de cooperación, paz y derechos humanos, estamos especialmente preocupadas porque, a ello, se suma el ataque continuado a organizaciones de la sociedad civil y a personas defensoras de derechos, y la detención de civiles, como Juana Ruiz, ciudadana española y trabajadora de la organización palestina Health Work Committees. Todo ello en un contexto de ocupación militar por parte de Israel de los territorios palestinos desde 1967, con una violación continuada y sistemática del Derecho Internacional Humanitario, con una permanente dejación de las obligaciones de una potencia ocupante con la población civil ocupada, y con la negación de los derechos fundamentales de la población palestina, derechos que compañeras como Juana tratan de defender con su trabajo.
La presión que ejerce el Gobierno de Israel a las personas y organizaciones que forman el sector de la cooperación y la acción humanitaria en Palestina, así como del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, se enmarca en una estrategia del Gobierno Israelí para la criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos de la población palestina y en el Territorio Ocupado Palestino. Organizaciones de la sociedad civil palestina e internacional, entre las que se incluye la UNRWA, vienen sufriendo una continua campaña de desprestigio y criminalización por su actividad de denuncia de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado de Israel. Se está realizando una instrumentalización del caso de Juana Ruiz para reactivar una campaña de desprestigio, criminalización y judicialización a la cooperación internacional en el Territorio Ocupado Palestino.
La Coordinadora de ONGD y la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD dejamos claro nuestro respaldo al trabajo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la población palestina. Y hacemos un llamamiento a que se proteja a las personas y a las organizaciones.
Por todo lo anterior, pedimos al Gobierno de España y a todos los gobiernos autonómicos:
Una condena enérgica de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina por parte del Estado de Israel y la suspensión inmediata de transferencias de armas a Israel hasta que se tomen medidas para garantizar que no se utilicen para violaciones graves del derecho internacional, en línea con lo que están demandando otras organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Una firme denuncia del uso de la violencia contra la población civil, con especial condena al empleo de bombardeos sistemáticos contra civiles.
La exigencia del fin inmediato de la escalada militar y las operaciones del ejército israelí contra la población civil palestina.
Rechazo rotundo y denuncia pública de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, en línea con sus valores, planes estratégicos y prioridades de trabajo.
Compromiso con las organizaciones de la sociedad civil y con la cooperación por parte de los gobiernos y administraciones del Estado español y de la Unión Europea. Es imperativo mantener el compromiso con la defensa de los derechos de la población palestina desde todos los niveles de la administración pública.
La condena, rechazo y denuncia rotunda y pública por parte de la ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Arancha González Laya, de las falsas acusaciones de falta de control y fiscalización de los fondos de cooperación y acción humanitaria gestionados vía ONGD, así como una clara defensa del sector.
La llamada a consultas a la embajadora de Israel en Madrid para que dé explicaciones /explique acerca ¡de las acusaciones que se están vertiendo a la persona de Juana Ruiz y al sector de la cooperación y de la acción humanitaria del Estado Español en el Territorio Palestino Ocupado.
Estudiar las implicaciones jurídicas/penales de estas acusaciones para el Estado Español y para las ONGD del Estado Español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino.
Garantizar, de forma activa, la protección de las organizaciones del Estado español que trabajan en el Territorio Ocupado Palestino para que ejerzan con plenas garantías su rol como sociedad civil a través de los mecanismos oportunos y acordados en terreno junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Consulado y la Embajada.
Solicitar una reunión de representantes de Asuntos Exteriores europeos para abordar la criminalización al sector y al trabajo que las entidades de cooperación y humanitarias llevan a cabo en el Territorio Ocupado Palestino.
Solicitar una reunión con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Josep Borrell, para abordar la criminalización del sector de la cooperación y de la acción humanitaria en el Territorio Ocupado Palestino, y exigir una respuesta clara y pública por parte de la Unión Europea a las acusaciones recibidas al sector.
Manifestar en todas las comunicaciones externas la necesidad de acabar con la impunidad del Estado de Israel exigiendo su cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
Instamos a las partes a parar inmediatamente cualquier forma de violencia, desescalar las hostilidades, proteger a las poblaciones, atender a los compromisos humanitarios internacionales y detener el uso excesivo de la fuerza. Y a la comunidad internacional a contribuir activamente a ello.
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