Venezuela: la violación del derecho internacional amenaza la paz global
La Coordinadora Extremeña de ONG se suma al comunicado de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo en el cual expresamos nuestra condena categórica a la agresión militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro.
Los sucesos de los últimos años en Ucrania, Palestina y ahora Venezuela, entre otros, confirman un deterioro grave del orden multilateral y refuerzan una lógica de la fuerza incompatible con la Carta de Naciones Unidas.
La Coordinadora reclama al Gobierno de España y a la Unión Europea una posición clara y activa en defensa de la legalidad internacional y del orden multilateral. Demanda también su implicación activa en la construcción de paz al servicio de la protección de la población civil y en una salida pacífica y democrática construida por la sociedad venezolana.
Las organizaciones que quieran sumarse a este comunicado pueden hacerlo a través de este formulario.
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo expresa su condena categórica a la agresión militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro; este hecho constituye una violación del derecho internacional y una injerencia inadmisible en los asuntos internos de un país soberano. Es especialmente grave la intención de «tutelar» Venezuela y administrar una transición política, así como la amenaza de un uso masivo de la fuerza para obtener fondos y recursos dirigidos a empresas estadounidenses.
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela amenaza la paz global y hace que el mundo sea menos seguro. Esta agresión da luz verde a cualquier nación del mundo que desee atacar a otro país para apropiarse de sus recursos o cambiar sus gobiernos. Es misma la lógica de la fuerza que Rusia ha utilizado para justificar su invasión de Ucrania. Es la lógica de la impunidad que ha permitido a Israel cometer un genocidio sin sanciones ni consecuencias. Es, en última instancia, la lógica del control y el expolio mediante la cual las potencias del Norte global siguen imponiéndose sobre el Sur global, privándolo de la soberanía sobre sus propios recursos.
El control de los recursos como objetivo
La Coordinadora alerta de que esta agresión no puede entenderse al margen de los intereses económicos y estratégicos que la impulsan. La violación del derecho internacional se ha realizado desde una lógica de apropiación de recursos y control económico, especialmente sobre las reservas energéticas de Venezuela. Esta forma de actuación amenaza con instaurar formas de tutela y expolio propias de un protectorado económico incompatible con los principios de soberanía, justicia social y desarrollo sostenible.
Venezuela atraviesa un prolongado deterioro democrático: las autoridades han limitado el espacio de la sociedad civil. Más de 20 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales. En este contexto, cerca de ocho millones de personas han salido del país. Nada de ello justifica la intervención armada ni una tutela externa de Estados Unidos sobre Venezuela. La única salida legítima y sostenible debe ser construida por los propios venezolanos y venezolanas, mediante mecanismos pacíficos y democráticos.
La ineludible defensa del multilateralismo
La violación del derecho internacional no es un asunto técnico: es el cimiento que separa el orden multilateral de la ley del más fuerte. Cuando se desmantelan las reglas, se multiplican los autoritarismos, se estrecha el espacio cívico y se alimentan dinámicas de militarización, conflictos y expolio. La sociedad civil, los gobiernos democráticos y la comunidad internacional necesitan hoy más que nunca organizarse, cooperar y fortalecer el derecho internacional para sostener una agenda de paz, la democracia y los derechos humanos.
La Coordinadora advierte de que es urgente actuar con responsabilidad y respeto a la legalidad internacional como vía para encauzar las situación hacia un contexto coherente con la legalidad intencionalidad, proteger a la población civil y reforzar el diálogo democrático.
Insta a la comunidad internacional, el Gobierno de España y la Unión Europea a:
