Vivimos tiempos convulsos, de cambios y transformaciones no sólo en nuestro país sino también en la esfera internacional. Quizá uno de los retos globales pendientes, permanentes, urgentes, y que se repiten año tras año, sea el de la erradicación de la pobreza y la desigualdad en el mundo, una responsabilidad ética y política que nos atañe a todas y a todos: mandatarios internacionales y nacionales, sociedad civil, oenegés y otros actores de nuestro entorno. Se trata de una meta común que hemos de perseguir la humanidad en su conjunto, sobre todo porque es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. La crisis económica y financiera que ha afectado a determinados países del mundo a partir de 2007 (Estados Unidos y gran parte de Europa, fundamentalmente) ha servido para ahondar aún más en la brecha de la pobreza y de la exclusión social, también en escenarios en los que supuestamente la injusticia de la pobreza y la desigualdad está ya más presente, como regiones de África, Asia y América Latina. Más allá de la conmemoración, el 17 de octubre, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la sociedad extremeña y española hemos de ser conscientes de que esta lucha sigue más viva que nunca. Ahí se sitúan las acciones organizadas en diferentes puntos del país (por ejemplo, las propuestas por la Alianza Española contra la Pobreza y la campaña Pobreza Cero), que hacen un llamamiento a la ciudadanía para su movilización y demanda de actuaciones que pongan fin a lo que algunos llaman ya la “riqueza que empobrece”. Pero también se hallan otros fines deseables: acabar con los paraísos fiscales y con los tratados internacionales negociados en secreto, a espaldas de la ciudadanía (como el TTIP y el CETA), sumamente perniciosos para hacer realidad un verdadero desarrollo, justo y sostenible, y el empleo digno y decente para millones de personas. Es algo ya conocido el que en nuestro país se han incrementado notablemente los niveles de pobreza y desigualdad, por lo que es inaplazable e ineludible la firma de un pacto contra la pobreza, que sitúe esta batalla en un lugar preferente de la agenda política, tanto del Gobierno central como del de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Resulta fundamental la creación de verdaderos y eficaces sistemas de rentas mínimas, que permitan mantener una vida digna a todas las personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social, sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, entre otras variables. Además, desde la CONGDEX creemos que para erradicar este mal no sólo son necesarias medidas...
