En Extremadura, el 60% del personal voluntario de la CONGDEX, son mujeres. En 2021 más de 1,142 personas realizaron actividades de voluntariado en nuestras entidades.
Compartimos con vosotras este video para celebrar y agradecer a todas las personas que dedican su tiempo, calidad humana y energías para ayudar a otras personas y transformar el mundo todos los días.
Una fecha que nos ancla a aquello que da sentido a nuestro sector: la solidaridad y el compromiso de las personas con la transformación de nuestras sociedades.
Negociaciones, encuentros, análisis… El camino para llegar a la aprobación de la Ley de Cooperación por el Congreso ha implicado durante meses a sus principales actores. El Ministerio de Asuntos Exteriores y los partidos políticos han tenido una capacidad negociadora destacable con el fin de alcanzar acuerdos.
Celebramos que el Congreso haya respaldado la Ley de Cooperación con una amplia mayoría. Confiamos que en el Senado este apoyo pueda incluso incrementarse.
Al inicio de este proceso, La Coordinadora presentó su posición que, bajo la propuesta de las llamadas “7C de la Cooperación” demandaba una política feminista, ecologista, que fuera capaz de responder a las emergencias y violencias, que fomentara la coherencia de políticas, promover la ciudadanía global, poner en valor la cooperación descentralizada e impulsar la innovación y el aprendizaje constante.
Pasos adelante
Hoy podemos celebrar algunos avances importantes dados con esta ley:
Se compromete con el incremento progresivo de la ayuda oficial al desarrollo para alcanzar, al menos, el 0,7% en 2030, lo que supone casi triplicar la actual.
Se abre a la promoción de la coherencia de políticas y al análisis de sus impactos internacionales.
çIncluye los enfoques feministas y ecologistas en sus intervenciones.
Reconoce la importancia de la educación para la ciudadanía global.
Fortalece y facilita las articulaciones con la cooperación descentralizada.
Se alinea nítidamente con la Agenda 2030 y los compromisos multilaterales.
Plantea la integración de la cooperación financiera en el conjunto del sistema de cooperación alineándose a sus objetivos, estándares y formas de operar.
Reconoce a la sociedad civil como actor fundamental y normaliza su contribución en espacios de consulta, decisión y ejecución.
Facilitar la burocracia de los procesos de subvenciones.
Reconoce las particularidades de la acción humanitaria, flexibiliza la territorialización de su intervención y compromete al menos un 10% del presupuesto para ello.
Muestra una especial atención y sensibilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia como sujetos de cooperación y transformación.
Se compromete con una reforma en profundidad de la AECID, colocándola en el centro del sistema de cooperación y fortaleciendo sus capacidades.
Refuerza las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas e intervenciones de la cooperación.
Incluye a la sociedad civil local en los procesos de elaboración de los Marcos de Asociación País.
Anuncia un mayor reconocimiento de las personas cooperantes y una mejora de sus condiciones laborales, o la de sus voluntariados.
La Ley establece, además, la aprobación de reglamentos que son determinantes para impulsar la reforma del sistema de cooperación. El VI Plan Director de la Cooperación Española, actualmente en proceso de elaboración, es el primer ejercicio de planificación de la reforma que deberá concretar el contenido de la Ley en prioridades, líneas de acción y un presupuesto que se acerque al 0,7% de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2030.
El mismo día en el que se aprobó la Ley, se daba luz verde a los presupuestos generales del Estado para 2023. Si bien no son lo suficientemente ambiciosos, son los presupuestos más prometedores en la materia de la última década; fortalecen el peso de la AECID y muestran cierta coherencia con el proceso de reforma.
Como sociedad civil, continuaremos acompañando este proceso que es determinante para hacer frente a los enormes y complejos retos globales que enfrentamos.
Resolución del XVII Encuentro de la Red de Coordinadoras de ONG de Desarrollo
Cantabria acogió el XVII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo, del 27 al 29 de octubre.
La reunión se celebró un día después de que las direcciones autonómicas de cooperación celebraran su propio encuentro. Es la primera vez que ambos encuentros coinciden en el mismo momento y lugar, y firman una declaración conjunta.
Reunida en Santander, durante los días 28 y 29 de octubre de 2022, la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo y con presencia de organizaciones de todos los territorios, declaramos:
Reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando en red en aras de la solidaridad internacional, el apoyo mutuo y la cooperación.
Valoramos positivamente la realización del primer encuentro conjunto mantenido con las distintas Direcciones Generales de Cooperación Internacional y agencias autonómicas de los distintos gobiernos autonómicos y celebramos la declaración conjunta alcanzada.
Reclamamos, una vez más, que la política de cooperación al desarrollo sea asumida como una política pública estable dotada de recursos técnicos y económicos suficientes, en los diferentes niveles del Estado, desde el gobierno central hasta el más pequeño ayuntamiento, garantizando así una acción solidaria transformadora a medio y largo plazo, al margen de cambios electorales.
Instamos al Gobierno de España, en el marco final del proceso de tramitación de la nueva ley, al reconocimiento del valor específico que aporta la cooperación descentralizada (cercanía a la población, bagaje internacional y experiencia acumulada…) y a mejorar la participación activa de los diversos actores de la cooperación descentralizada en la planificación de la política de cooperación estatal y potenciar la Comisión Interterritorial como órgano de coordinación política.
Subrayamos el potencial de la cooperación descentralizada a la hora de hacer frente a los crecientes y peligrosos discursos de odio, sobre todo, a través de la promoción de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG), contribuyendo así a la construcción de una ciudadanía global crítica y activa que actúe a favor de la justicia social y la equidad en el mundo. Instamos, a las administraciones a reforzar los instrumentos financieros necesarios para desarrollar de manera eficiente esta herramienta.
Consideramos necesario impulsar y defender la cooperación internacional desde los municipios, diputaciones, cabildos así como sus herramientas y programas específicos. Por ello, seguiremos trabajando en red para incidir en el diseño de las políticas públicas de las próximas legislaturas.
Insistimos, en este contexto de guerra en Ucrania y de múltiples conflictos olvidados, en la defensa de una política de emergencia, humanitaria, de refugio y protección internacional que no genere diferencias según sea la procedencia de las personas. Así como en la necesidad de potenciar la Educación y la Cultura de Paz.
Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a las coordinadoras autonómicas que están padeciendo la tensión institucional y los recortes derivados del desmantelamiento de las políticas sociales. Desde la Red vamos a establecer los mecanismos de colaboración y de apoyo a la Coordinadora Andaluza de ONGD para mantener su defensa de la cooperación y de la participación ciudadana organizada.
Insistimos en la necesidad de un incremento gradual, pero urgente, del presupuesto de los gobiernos municipales y autonómicos destinado a las políticas de cooperación, marcando como objetivo alcanzar el 0,7% del presupuesto antes de 2030, en coherencia con los acuerdos internacionales. Solo con recursos adecuados en cantidad y con calidad es posible poner en práctica el compromiso y la solidaridad para luchar contra las desigualdades y hacer frente a la emergencia climática en el planeta.
Estatuto de las personas cooperantes, una pieza clave para la nueva cooperación
En el día de las personas cooperantes, recorremos algunos de los países en los que trabajan nuestras organizaciones: Colombia, Ucrania, Mozambique y Centroamérica. Desde allá, nos explican el contexto en el que actúan y sus demandas para el nuevo Estatuto de las personas cooperantes.
La persecución del trabajo que realizan las ONG de Desarrollo está aumentando en todo el mundo. Países como Nicaragua, Israel, Filipinas, Guatemala o Guinea Ecuatorial han aprobado leyes que limitan, persiguen e incluso expulsan a organizaciones de la sociedad civil. Como consecuencia, miles de personas han quedado sin el apoyo que recibían para garantizar condiciones básicas de vida.
En plena reforma del sistema de cooperación y en un contexto mundial muy complejo, es crucial asegurar un Estatuto que garantice plenamente los derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria.
A las puertas de los presupuestos generales para 2023, el Gobierno debe cumplir su compromiso de garantizar el 0,5% para final de la legislatura.
El siglo XXI avanza plagado de múltiples y complejas crisis; las consecuencias sobre la vida de millones de personas son enormes, especialmente para quienes ya vivían en situaciones de vulnerabilidad extrema. Si algo debería dejarnos claro esta época es la urgente necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen los derechos humanos, la paz, la protección del medioambiente y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Una de esas políticas, sin duda, es la cooperación.
Nos encontramos en plena reforma del sistema de cooperación. Este momento debería ser aprovechado para garantizar un sistema que responda con rigor y responsabilidad a los enormes desafíos que enfrentamos. Eso pasa, necesariamente, por asegurar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la agenda feminista y ecologista, el respeto a los derechos humanos y la defensa del espacio cívico y democrático son los objetivos centrales. Exige también contar con un presupuesto a la altura de tales desafíos. El Gobierno de coalición se comprometió a dejar atrás la “década perdida de la cooperación” y a alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. Los próximos presupuestos generales del Estado serán una buena oportunidad para demostrar el cumplimiento de tales compromisos.
La necesidad de garantizar derechos a las personas cooperantes
La nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global verá la luz previsiblemente antes de finalizar el año. Una de las importantes piezas del desarrollo legislativo posterior es el Estatuto de las personas cooperantes que sustituirá al de 2006. Desde entonces, muchas cuestiones que condicionan nuestro trabajo han cambiado, por eso es imprescindible que se dé respuesta a los retos que enfrentan actualmente los y las cooperantes.
¿A quién afecta este Estatuto? Afecta a las personas que se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria fuera de nuestro país. Eso incluye a quienes trabajan en ONG de Desarrollo, pero también a personas que trabajan en organismos públicos o privados dedicados a estos fines. Según datos de la AECID, son unas 2.700 personas.
Cooperantes en nuestras organizaciones
Según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo, 522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones; 57% de ellas son mujeres. Presentes en 115 países, recuerdan que es clave garantizar los derechos laborales y la protección de las personas que trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. Una demanda que es fundamental para asegurar que realizan su trabajo en condiciones adecuadas, con menos riesgos y con el respaldo legal pertinente.
El nuevo Estatuto debe garantizar la protección del personal humanitario en contextos que son muy inestables o en situaciones de conflicto. Además, debe facilitar los requisitos burocráticos que actualmente dificultan el acceso de cooperantes a las comunidades afectadas por las crisis. En ese sentido, debe fomentar mayor implicación de las Embajadas y de la Cooperación Española para asegurar que la situación migratoria de las personas cooperantes no es ambigua con respecto a la normativa migratoria del país en el que trabajan.
Conversamos con cuatro cooperantes que trabajan en distintos lugares del mundo. Analizan el contexto de la región en la que se encuentran y explican sus propuestas para el Estatuto de las personas cooperantes.
Colombia. Ignacio Diéguez Bodas, ISCOD.
CONTEXTO. Entre 1985 y 2018, según datos del informe final de la Comisión de la Verdad, se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios resultado del conflicto armado interno, en su inmensa mayoría civiles. A estas muertes hay que sumarles millones de víctimas de otras violaciones de derechos humanos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores o violencia sexual. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han continuado los ataques y asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, con enormes brechas entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales y personas ricas y pobres.
Iscod trabaja, junto con organizaciones sindicales y ONG colombianas, en distintas regiones del país para incrementar las oportunidades socioeconómicas de la población joven, luchar contra la violencia de género y mejorar los servicios públicos y comunitarios de atención a supervivientes, con especial atención a mujeres desplazadas y al colectivo LGTBI, y para fomentar una cultura de paz con justicia social.
PROPUESTAS. Como cooperante, Diéguez demanda que las instituciones españolas cumplan con sus compromisos internacionales y apuesten por alcanzar lo antes posible el 0,7% de la RNB para AOD. Asimismo, defiende la importancia de apostar por iniciativas que fomenten la paz y el desarrollo socioeconómico justo, igualitario y sostenible. Con respecto al nuevo Estatuto de las personas cooperantes, defiende que este debería aportar mejoras en las condiciones laborales y vitales de este colectivo con medidas que apoyen la conciliación de la trayectoria profesional y familiar.
Ucrania. Imran kan, Médicos del Mundo.
CONTEXTO. La crisis humanitaria en Ucrania se ha agravado desde el pasado 24 de febrero. Los ataques han destruido viviendas e infraestructuras y han provocado un fuerte desplazamiento de la población, sobre todo en el norte, el este y el sur del país. La salud de las personas se ha visto gravemente afectada: la prestación de servicios sanitarios básicos está en peligro y la salud mental, muy deteriorada. Según estimaciones de Naciones Unidas, 12,1 millones de personas necesitan asistencia médica. El personal sanitario en primera línea corre un grave riesgo ya que se han producido más de 480 ataques a instalaciones sanitarias.
La vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y niñas y de los grupos históricamente marginados aumenta cada día. La población afectada por el conflicto tiene un acceso muy limitado a los servicios de emergencia, a la medición especializada, a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. La interrupción del suministro de medicamentos, la falta de equipos, la destrucción de las farmacias y la falta de fondos agrava la situación.
Presente en Ucrania desde 2015, Médicos del Mundo presta servicios sanitarios esenciales, consumibles y equipos médicos a la población que sufre mayor vulnerabilidad.
PROPUESTAS. Para Imran kan es esencial que el Estatuto garantice la protección de los y las trabajadoras humanitarias en contextos que son muy inestables. La prevención de los incidentes de seguridad y de la violencia dirigida al personal humanitario es una necesidad primordial en un conflicto armado. Además, hay que eliminar las trabas a la expedición de visados para el personal internacional y agilizar los procedimientos burocráticos que dificultan el acceso de los y las cooperantes a las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis. Debe garantizarse que la persona cooperante llega allá donde se la necesita.
Mozambique. Marta Sánchez, ONGAWA.
CONTEXTO. Desde 2017, Cabo Delgado sufre un intenso conflicto que, junto a los fenómenos climáticos extremos, ha provocado el desplazamiento de 80.0000 personas. La mayor parte ha buscado refugio en el sur, en casa de familiares; una situación que ha empeorado también estas zonas de acogida en las que los recursos son muy escasos. Por lo tanto, las necesidades de la población se han diversificado y aumentado de manera notable; esto ha hecho que convivan los proyectos de desarrollo, muy necesarios en la zona, con los programas de ayuda humanitaria. Tal situación obliga a las ONG que trabajan en la zona a adaptarse a la nueva realidad con flexibilidad; y exige también el apoyo de los donantes para adaptar las propuestas a una situación de emergencia tan cambiante.
PROPUESTAS. María Sánchez considera que la posición que tienen como cooperantes es aún vulnerable en algunos sentidos y eso debería mejorarse. Nombra, por ejemplo, la necesidad de contar con apoyos institucionales o administrativos en el momento en el que regresan a España después de un tiempo trabajando fuera; “es un proceso que no siempre es fácil, ni en términos laborales ni personales”. Considera también que, dependiendo del contexto, la posición de la persona cooperante respecto a la normativa migratoria puede ser ambigua y vulnerable; considera que, actualmente, el apoyo de las Embajadas y la Cooperación Española en este sentido es insuficiente.
Nicaragua. Grupo de trabajo de Nicaragua de La Coordinadora.
CONTEXTO. La violación del derecho a la libertad de asociación se ha convertido en norma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica a más de un millar de entidades, tanto nicaragüenses como internacionales (entre ellas, varias organizaciones españolas). Las consecuencias sobre los derechos humanos y la calidad democrática son enormes. El bloqueo a la acción de las organizaciones impacta directamente en la calidad de vida de quienes sufren una mayor vulnerabilidad: infancia, adolescencia, mujeres, jóvenes en situaciones de pobreza extrema… Estos colectivos accedían a la salud, la educación, la justicia a través de programas que ahora se han paralizado.
PROPUESTAS. El nuevo Estatuto de las personas cooperantes debe contemplar garantías de protección, confidencialidad y acompañamiento a las personas cooperantes que se vean afectadas por decisiones arbitrarias de regímenes autoritarios como el de Nicaragua. En estos casos, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la AECID deben denunciar las violaciones de derechos humanos.
Tomado de: Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
AEXCID agradece el compromiso de quienes dedican su trabajo a la defensa de los derechos humanos
La Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) de la Consejería de Igualdad y Cooperación de la Junta de Extremadura se suma hoy, 8 de septiembre, a la conmemoración del Día de las Personas Cooperantes, agradeciendo el compromiso y esfuerzo que realizan en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
La Asistencia Humanitaria se debilita cuando más se necesita
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD
274 millones de personas sufren el impacto de crisis humanitarias en 63 países, según el último informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria. Una cifra que no incluye a la población ucraniana y que, por tanto, en realidad es mucho más elevada.
Los fondos destinados a la asistencia humanitaria son claramente insuficientes: según Naciones Unidas, del total requerido (unos 46 mil millones de dólares), solo se ha cubierto el 23%. Mientras esto ocurre, las partidas mundiales para gastos militares superaron los dos billones en 2021.
España aumentará su presupuesto militar hasta el 2% del PIB en 2030 (lo que supone entre 25.000 y 30.000 millones de euros); a la asistencia humanitaria se destinan apenas 27 millones.
El Gobierno debe aprovechar la aprobación de la nueva Ley de Cooperación para garantizar que la asistencia humanitaria responde a los complejos desafíos que enfrentamos. Debe hacerlo también por coherencia con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible.
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Las organizaciones humanitarias internacionales hemos dado la voz de alerta: millones de personas corren el riesgo de sufrir hambre a niveles críticos en los próximos meses. A las graves consecuencias de la pandemia, se unen las causadas por la invasión rusa de Ucrania. La crisis energética, alimentaria y financiera está golpeando a millones de personas que ya vivían situaciones extremas. Según el último informe de la Escola Cultura de Pau, hay 32 conflictos armados; de los cuales, el 53% son de alta intensidad (un porcentaje que se produce por primera vez desde que se estudian); hay, además, 98 situaciones de tensión en el mundo.
La emergencia climática está provocando efectos devastadores en la vida de millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la imposibilidad de mantener condiciones básicas para una vida digna. El impacto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres y la infancia, que sufren con mayor rigor las consecuencias de estas situaciones.
A pesar de las múltiples alertas realizadas por las organizaciones humanitarias y de paz, no existe una respuesta mundial integral para dar solución a un contexto tan crítico. Esta falta de responsabilidad demuestra que, en lugar de apostar por la garantía de los derechos humanos y la protección de la vida, nos encaminamos a un mundo cada vez más hostil.
Es urgente garantizar políticas de prevención, de diálogo, de justicia climática, de economía justa y garantía plena de los derechos humanos. Debemos avanzar hacia sistemas prevengan las situaciones que abocan a millones de personas a la dependencia humanitaria. Debemos actuar antes para evitar las crisis, en lugar de después para paliarlas.
Ataques a quienes merece protección
En los últimos años, el ataque a centros de atención humanitaria, hospitales y refugios ha aumentado de manera progresiva. También han incrementado el número de ataques a personal humanitario. No podemos olvidar, como recuerdan las ONG, que el personal humanitario y la población civil no pueden ser nunca un objetivo porque, incluso en las guerras, existen reglas. El fomento de la llamada “diplomacia humanitaria” es esencial para garantizar que los actores implicados en los conflictos respeten el espacio humanitario.
Exigimos el respeto y la protección del trabajo de las organizaciones humanitarias, tanto internacionales como locales; su actividad debe ser reconocida como esencial en contextos de crisis. Su amplia trayectoria en situaciones muy complejas ha acreditado su profesionalidad y el impacto positivo de sus acciones. Asegurar ese trabajo exige mucho más que buena voluntad; es necesario garantizar la canalización de fondos a través de organizaciones con demostrada experiencia en crisis humanitarias.
Por ello, solicitamos a la UE, al Gobierno Español y a los actores humanitarios:
Promover los marcos internacionales que garantizan el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Garantizar que las intervenciones se definen conforme los principios humanitarios.
Dar prioridad a la diplomacia humanitaria para la solución de crisis y conflictos. Es necesario abogar por el diálogo, la seguridad humana y el multilateralismo.
Coordinar la acción humanitaria con la garantía de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
Asegurar que las iniciativas que contemplan la unión entre la acción humanitaria, la paz y el desarrollo, la resiliencia de las poblaciones y la agencia de las mujeres.
Promover procesos de prevención, convivencia y cultura de paz, con el protagonismo de la sociedad civil, especialmente de las mujeres como dicta la Resolución 1325 de Naciones Unidas.
Garantizar el enfoque feminista y los derechos de la infancia y la adolescencia.
Fortalecer el rol de los actores locales; otorgar mayor protagonismo a las organizaciones de los países en los que se trabaja y a las poblaciones afectadas.
Y en concreto, al Gobierno español:
Ser coherente con el apoyo ciudadano a las actuaciones humanitarias. Los presupuestos generales del Estado para 2023 y la reforma del sistema de cooperación son una oportunidad para demostrarlo.
Incrementar la asignación de la ayuda humanitaria al 10% de la AOD, con al menos 50% vía AECID.
Asegurar que otras políticas (comercio de armas, control sobre la actuación de transnacionales, políticas migratorias…) no contribuyen a la generación o empeoramiento de crisis humanitarias. Apostar por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Reforzar el perfil institucional, las capacidades, recursos y equipo de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID.
Reequilibrar la canalización de recursos entre el sistema de Naciones Unidas y otros (Movimiento de la Cruz Roja y ONG) con los instrumentos de financiación previsibles y flexibles.
Promover un espacio de diálogo y de coordinación entre la acción humanitaria en el ámbito central y el descentralizado.
Asegurar que la acción humanitaria es coherente con los compromisos internacionales adquiridos, en particular en lo relativo al apoyo de organizaciones locales, y en materia de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
Dotar de los medios necesarios para que la sociedad conozca, se sensibilice y se involucre en los asuntos humanitarios.
Fortalecer el programa de protección a personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
Llamamos a la ciudadanía a exigir a sus gobiernos que actúen con responsabilidad y prevengan las crisis humanitarias de todo tipo que minan las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Hacemos un llamamiento también para que exijan una política de cooperación que reconozca el papel de las ONG internacionales y locales en la asistencia humanitaria. Y, por último, la ciudadanía debe recordar a los gobiernos (nacional y autonómico) que las personas que reciben el apoyo humanitario son ante todo sujetos de derechos y que, por lo tanto, deben ser protagonistas de las actuaciones que se lleven a cabo.
Tomado de: Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
El sábado 24 de junio por la mañana, ha tenido lugar un intento de salto a la valla de Melilla. Según informa la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, unas 2.000 personas se han aproximado a las inmediaciones del perímetro fronterizo por la zona de Barrio Chino.
La brutalidad policial ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto del estado español como del marroquí ha provocado una avalancha humana y la muerte de al menos 37 personas, según las organizaciones de derechos humanos presentes en la frontera.
Las condiciones de la tragedia de este viernes se vienen sucediendo desde hace varias semanas, las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades migrantes en Nador y su región presagiaban este drama humanitario.
Este último salto ocurre en el contexto de la última crisis diplomática y posterior acuerdo entre Madrid y Rabat que terminó el pasado 8 de junio con el abandono, por parte del Gobierno de España, de su histórica neutralidad respecto al conflicto del Sahara Occidental y respaldo del plan marroquí para el territorio, al que pretende dotar de más autonomía.
Las muertes, las devoluciones en caliente y escenas violencia extrema que vemos nos alertan sobre el carácter mortífero y racista de las políticas de cooperación en materia de seguridad sobre la inmigración y las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea; principalmente contra personas procedentes de África.
Si ningún ser humano es ilegal y hay un compromiso con las personas refugiadas y migrantes; estas atrocidades no deben quedar impunes bajo ningún concepto y todos los actores políticos deben tomar responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir.
La Coordinadora Extremeña de ONGD se suma al llamado realizado por organizaciones humanitarias para:
Manifestar nuestras más profundas muestras de condolencias a las familias de las víctimas de este drama humanitario que no debe volver a repetirse.
Garantizar la seguridad, asistencia sanitaria y protección de los derechos humanos de todas las personas; especialmente de las personas migrantes que han logrado llegar a Melilla y de las más de 1000 personas que se han quedado en territorio marroquí.
Recordamos que el derecho a solicitar Protección Internacional y Asilo y tener un proceso legal y con garantías, asegurando siempre la no devolución de las personas es un derecho humano y una obligación de todos los Estados.
Nos sumamos al llamamiento realizado por las organizaciones y movimientos de derechos humanos a las manifestaciones que se realizarán el día de hoy para exigir el fin de políticas migratorias inhumanas.
Cooperación y migraciones, dos políticas relacionadas pero no a cualquier precio.
Dentro de unos días se celebra el Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el Desarrollo en el que se profundizará sobre las migraciones y su vínculo con la cooperación para el desarrollo. El evento tendrá lugar en Canarias, que se ha convertido en los últimos años en la ruta de migración irregular más concurrida para llegar a Europa y también la más mortífera desde el año 2020.
La relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones ha de ser promover contextos de vida favorable para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Las organizaciones sociales llevamos años pidiendo respuestas que sean respetuosas con los derechos humanos y coherentes con los compromisos internacionales en materia de derecho internacional. Entre ellos, el establecimiento de vías legales y seguras para la migración. También hemos denunciado de manera persistente la frecuente instrumentalización de la cooperación internacional como herramienta para frenar las migraciones. Por todo ello, cabe destacar y recordar que la relación principal de la cooperación para el desarrollo con las migraciones ha de ser promover contextos de vida favorable para que las personas no se vean obligadas a migrar. En ningún caso, la cooperación debe ser utilizada como una herramienta para frenar la migración o como un instrumento de externalización de fronteras.
Es pertinente también recordar que la migración es un fenómeno multicausal. Mejorar las condiciones materiales y sociopolíticas de los pueblos del Sur Global es un buen comienzo para amainar las migraciones forzadas, pero no las elimina de manera permanente. Es por ello que los esfuerzos de las administraciones españolas y europeas han de estar centrados en favorecer rutas migratorias seguras y regulares, donde prime el enfoque de derechos y se salvaguarde la legislación internacional en materia de asilo y refugio.
Asimismo, si realmente queremos atajar las causas profundas de las migraciones forzadas primero tenemos que atender a aquellas políticas locales, regionales y estatales que pueden estar interfiriendo en el libre desarrollo de los países del Sur Global. Frenar la venta de armas, apostar por una política comercial justa y equitativa, detener la esquilmación de recursos naturales en los países del Sur Global o disminuir las emisiones de gases contaminantes son solo algunas de las medidas que podemos tomar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Sur.
La cooperación internacional al desarrollo es, por supuesto, un eslabón central a tener en cuenta. No obstante, reiteramos que la cooperación internacional para el desarrollo no puede seguir desviándose hacia la securitización y externalización de fronteras por las que abogan ciertos marcos normativos como el Pacto Europeo de Migraciones. La ayuda oficial al desarrollo ha de llegar a todos los países que lo necesiten, independientemente de si son o no territorios fronterizos, y no puede ni debe ser utilizada como moneda de cambio. De este encuentro debe salir un mensaje alto y claro: la cooperación internacional es una herramienta que contribuye a la mejora de las condiciones de vida en los países de origen, pero no puede interponerse al derecho a migrar.
La situación humanitaria en Ucrania continúa deteriorándose a un ritmo alarmante.
Muchas personas se preguntan qué pueden hacer para ayudar al pueblo ucraniano; “Extremadura con Ucrania” es una campaña dirigida a informar a la población extremeña sobre los canales seguros para ayudar a todas las personas afectadas por el conflicto.
CONGDEX reitera su llamado “UNA VEZMÁS NO A LA GUERRA”; todos los conflictos armados tienen graves consecuencias en la
vida de millones de personas.
Recuerda, puedes contribuir con una de las organizaciones y proyectos incluidos en este apartado y promocionar nuestro COMUNICADO compartiendo esta campaña en tus redes sociales y medios de comunicación #extremaduraconucrania
Desde la Coordinadora Extremeña de ONGDs, manifestamos nuestra más rotunda repulsa a la invasión de Ucrania. Condenamos enérgicamente ésta y cualquier guerra e instamos a los gobiernos a actuar por la vía diplomática para garantizar los derechos humanos y reinstaurar la paz en estos territorios. El diálogo y la argumentación frente a las armas; los derechos humanos y la paz frente a las invasiones; las personas por encima de los intereses unilaterales. Nos solidarizamos y nos unimos a todas las manifestaciones y movilizaciones que se van a producir a lo largo y ancho de la geografía del Estado español.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este día representa un llamado a la acción, es un recordatorio de que los avances en derechos humanos que se han alcanzado y los desafíos que aún persisten han sido movilizados y denunciados por defensoras y activistas por los derechos humanos comprometidos con la vida y la dignidad de todas y todos.
Lee y comparte nuestra nota de prensa que hemos publicado aquí:
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