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La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), por mandato de su Asamblea General, del 2011, en el cumplimiento de sus fines, y por responsabilidad como representante del sector, se encuentra personada desde el 2012 como acusación popular en el “Caso Blasco”. Dicho caso investiga el desvío entre 2008 y 2011 de entre 6 y 9 millones de euros de subvenciones de cooperación al desarrollo en países del sur, a través de una supuesta trama empresarial que actuaría en colaboración de altos responsables de la Generalitat Valenciana y con el ex Conseller Rafael Blasco como máximo responsable.
Desde la CVONGD sabemos que en estos momentos de crisis, es más importante que nunca, continuar con los procesos de desarrollo que tanto tiempo ha costado de poner en marcha. Por ello, casos como el que nos ocupa, hacen un daño irreparable, a los receptores de los proyectos en los países empobrecidosy al sector de las ONGD que ve cuestionado su trabajo. Es por ello que requerimos la participación activa de la sociedad civil, para que ahora más que nunca se sitúa al lado de aquellos y aquellas que más lo necesitan ayudándonos en la denuncia y demandando justicia por los que no pueden hacerlo.
En este complejo caso hay: más de 30 personas imputadas, incluyendo a los responsables de la ex Consellería de Solidaritat i Ciutadanía que otorgó las ayudas; 30 empresas que giraban alrededor del empresario Cesar Augusto Tauroni, supuesto director de la trama empresarial en la que se desviaron los fondos y actualmente en prisión preventiva; y cinco organizaciones receptoras de las ayudas, de fuera de la Coordinadora Valenciana de ONGD, utilizadas por la trama empresarial con la promesa de que iban a recibir de forma segura las subvenciones dados sus contactos con la Consellería.
Dada la complejidad y envergadura del caso, se ha dividido judicialmente en tres piezas. La primera es relativa a las ayudas concedidas a la Fundación CYES para la realización de pozos en Nicaragua, en la que presuntamente se desvió del grueso de la subvención para compra de inmuebles en la ciudad de Valencia por valor de más de un millón de euros. Dicha pieza, con 9 personas acusadas se encuentra en estos momentos a la espera de que se dicte sentencia y se prevé que finalice antes del verano. La segunda pieza hace referencia a los fondos que iban a ser destinados a Haití, después del nefasto terremoto, los cuales, a día de hoy no han sido todavía visto en dicho país. La tercera, más compleja y extensa, tiene más de 20 personas imputadas, y todavía está en fase de instrucción, por lo que es difícil de prever la fecha del final del juicio.
Como representantes del sector de la cooperación al desarrollo en la Comunidad Valenciana, y guiados por nuestros fines estatutarios entre los que está el de “Velar por la transparencia y gestión de la calidad de la Cooperación Internacional al Desarrollo según los códigos éticos internacionales”, decidimos personarnos como acusación popular en el caso Blasco centrándonos en tres objetivos principales:
– Defender la Dignidad de la Cooperación al Desarrollo y de las organizaciones que llevamos años trabajando y luchando por un mundo más justo.
– Demandar la Restitución de fondos supuestamente defraudados para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo.
– Aportar nuestro conocimiento y especialización en el proceso judicial para que se haga Justicia, sin impunidad, como muestra de nuestro compromiso con la Justicia en democracia.
#CasoBlasco
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