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#DESPLAZADASPORELMUNDO: LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE_ ¿CÓMO VIVIR UNA VIDA DIGNA?_FLUJOS MIGRATORIOS HACIA EXTREMADURA

#DESPLAZADASPORELMUNDO: LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE_ ¿CÓMO VIVIR UNA VIDA DIGNA?_FLUJOS MIGRATORIOS HACIA EXTREMADURA

En #DESPLAZADASPORELMUNDO, gracias a la colaboración de ADHEX y Fundación Mujeres, y dentro de su proyecto “CACTALA: Convergiendo culturas, fomentando igualdad”,  financiado por AEXCID, os traemos esta entrevista realizada a Beatriz Cercas García, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) que,  desde su experiencia,  nos explica las características de los flujos migratorios hacia Extremadura, así como las dificultades a las que se enfrenta la población inmigrante. La entrevista se centra en dos zonas geográficas: la ciudad de Cáceres y la zona de Campo de Arañuelo, al norte de la provincia, poniendo un especial énfasis en la situación de las mujeres y de las personas más jóvenes.

La entrevista completa se puede leer en el Blog; esto es un pequeño resumen en el que se destaca que la ley de extranjería está pensada para hombres, sanos y en edad de trabajar y, donde nos ponen algunos ejemplos que evidencian que la normativa puede calificarse como “surrealista” ya que,  a veces,  favorece la ilegalidad y supone un conflicto entre derechos.

En definitiva, nos encontramos con una legislación injusta, que se alimenta de las corrientes xenófobas y racistas que están surgiendo en Europa y que, además, nos muestra algunas de las formas que toma el patriarcado en esta parte del mundo.

UNA LEGISLACIÓN QUE MENOSCABA LA IGUALDAD DE GÉNERO

En la actual legislación de extranjería, el permiso de residencia está asociado a la obtención de un empleo. La mayoría sabemos que la población inmigrante llegó, principalmente, para cubrir tres sectores laborales: el agrícola, la construcción y el empleo del hogar. De estos tres sectores, los dos primeros están fuertemente masculinizados, mientras que el empleo de hogar es realizado, principalmente, por mujeres.

El empleo del hogar es uno de los sectores más precarizados, desvalorizados e invisibilizados que hay. Ello conlleva que mucha gente no considere necesario hacer un contrato laboral a las empleadas, y sin contrato, no hay posibilidad de regularización para la población inmigrante. Por eso no es extraño que sean mujeres inmigrantes las que protagonicen las luchas por mejoras en el sector.

 

Si bien el trabajo doméstico es la opción principal para las mujeres inmigrantes, también es cierto que se trata de un sector al que acceden principalmente mujeres de origen latinoamericano y de la Europa no comunitaria. Para las mujeres procedentes del Magreb, la agricultura sí es una opción laboral. Se ve cómo el mercado laboral, además de segmentarse por género, lo hace por nacionalidad, raza y/o cultura. Sin embargo, la inserción de las mujeres inmigrantes en el sector agrícola no se da en las mismas condiciones que la de los hombres inmigrantes. El patriarcado actúa como mecanismo de coacción hacia estas trabajadoras, como podemos ver en el caso reciente de las temporeras marroquíes en Huelva, que denunciaron a los empresarios que las habían contratado por abusos sexuales[1].

 

Imagen tomada de “Temporeras contra la esclavitud” , Twitter: @temporerasfresa , https://www.facebook.com/temporerasfresa

Finalmente, la reagrupación ha sido y es otra forma habitual por la que las mujeres inmigrantes regularizan su situación. Hasta hace no mucho, durante su primer año en España, sólo podían acceder al permiso de residencia, no al de trabajo. Esta situación conllevaba dependencia económica de su pareja, así como respecto a los derechos de los que podían disfrutar, por tanto su autonomía se encontraba mermada. De esta forma, se fomentaba un modelo de familia tradicional y profundamente patriarcal. Actualmente, esto ha cambiado y la persona reagrupada puede acceder al permiso de trabajo desde el primer instante aunque, por otro lado, se han dificultado los requisitos para que se dé la reagrupación.

UNA LEGISLACIÓN SURREALISTA, AL SERVICIO DEL MERCADO

Podemos decir, sin ninguna duda, que la legislación genera una masa de población inmigrante en situación irregular y, por tanto, aún más vulnerable a la violación de sus derechos. Hay varios ejemplos de ello y, de hecho, cuando se intenta entender los procedimientos para lograr la regularización, los recorridos se vuelven cada vez más complejos.

Uno de los cauces más habituales por los que la población inmigrante regulariza su situación es el arraigo social. Para ello, deben estar tres años en España de forma irregular y posteriormente acreditarlo. Es decir: Durante tres años estas personas deben evitar ser detenidas por la policía, trabajar sin regularizar y, a la vez, ir generando pruebas que acrediten que, con una periodicidad de 6 meses, estaban en el país. Si en este periodo, la persona es detenida por la policía, seguramente, se le adjudique una orden de expulsión, que puede hacerse efectiva o no (convenios con el país, demostrar nacionalidad, etc.) pero el caso es que, una vez que tienes la orden, es muy difícil solicitar la regularización. Puede ser que no se expulse a la persona del país, pero sí del sistema.

Otro de los procedimientos es la reagrupación familiar, de la que ya hemos hablado antes. Se trata de un mecanismo difícil ya que, de entrada, la persona que quiere reagruparse tiene que acreditar medios económicos para hacerlo; hoy por hoy, hablamos de una renta mensual de aproximadamente unos 537 euros, más el 50% por cada miembro que se pretenda reagrupar. Para una familia de 4 ó 5 miembros son cerca de 2.000 euros mensuales. Tras la sentencia del 2016, conocida como “Sentencia Khachab”[2] del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este requisito se complica aún más ya que, además de medios económicos pasados y presentes, hay que acreditar bienes futuros ¿y cómo se hace? Con un contrato indefinido o de un tiempo mayor a un año. La utilización de esta sentencia como justificación para la denegación de reagrupaciones es habitual, evidenciando la corriente xenófoba y racista que se está instalando en la Unión Europea.

VOLVIENDO A CÁCERES

¿Qué situación se da en Extremadura y especialmente en Cáceres? Pues de todo, con sus características específicas. Así, en la ciudad de Cáceres, la nacionalidad de la población inmigrante es variada y su inserción laboral depende mucho del género: los hombres, mayoritariamente se emplean en la construcción; en el caso de las mujeres, si son latinoamericanas o europeas no comunitarias, en el empleo de hogar.

En el Campo Arañuelo, la población inmigrante es mayoritariamente de origen marroquí, la cual comenzó a llegar a la zona en los años 90, para trabajar en cultivos, principalmente, de tabaco. Originariamente, en su mayoría, eran hombres que a medida que pudieron reagruparon a su familia. En la actualidad las agrupaciones continúan siendo habituales, a pesar del aumento de las dificultades y teniendo en cuenta que los requisitos económicos son iguales que en cualquier otro lugar; pero Talayuela no es Barcelona o Madrid, por lo que lograr determinados ingresos o un contrato resulta aún más complicado.

Además, durante la crisis hubo población inmigrante que al perder el contrato de trabajo, perdió el permiso de residencia, implicando que también lo perdieran aquellas personas de su familia que había podido reagrupar. Esto último es especialmente duro con respecto a los hijos y las hijas. A pesar de lo que se diga, un menor de edad, aunque haya nacido en territorio español, tiene la nacionalidad de sus progenitores/as. Por lo tanto, si un padre o una madre no tienen permiso de residencia, sus hijos o hijas tampoco lo tendrán. Durante la escolarización obligatoria, podrán estar legalmente; a partir de ese momento su situación es muy delicada ya que, en cualquier momento, se pueden enfrentar a una orden de expulsión hacía un país donde quizás nunca estuvieron, o sólo en vacaciones.

Por eso aún tiene menos sentido cuando se dice que las mujeres inmigrantes llegan embarazadas para parir aquí por los beneficios que conlleva para ellas y el o la recién nacido/a…

Otro bulo es que la población inmigrante recibe más ayudas… No hay ninguna ayuda monetaria, autonómica o estatal, que tenga como requisito especifico que la persona sea extranjera. Otra cosa es que, una persona en territorio extremeño, se beneficie de las ayudas por renta baja, familia numerosa, vulnerabilidad y precariedad social, etc., y que lo haga independientemente de su nacionalidad. Algo lógico en una sociedad democrática donde se respetan los derechos humanos y se aspira a que toda la población tenga acceso a una vida digna. Pero hay que tener en cuenta que, si la persona no está regularizada, difícilmente podrá acceder a las ayudas; y si lo está, y accede a las ayudas, esto no se tendrá en cuenta como bien pasado, presente o futuro si se quiere reagrupar.

Estas son pequeñas muestras de la deuda que tiene el Estado con la población inmigrante. Compartimos la cotidianidad con personas a las que se les impide disfrutar de una vida digna. Es difícil hacerlo cuando ni siquiera se te permite vivir el día a día con tranquilidad, temiendo constantemente la deportación o quedarte fuera del sistema y no poder acceder a la regularización; cuando perder el trabajo implica perder el permiso de residencia y con ello, la mayoría de derechos de ciudadanía.¿Cómo entonces puedes exigir tus derechos? ¿Cómo puedes denunciar cuando te los vulneran? ¿Cómo poder sentirte igual que una persona nacionalizada? Es muy difícil hablar de integración cuando estás bajo leyes que entran en conflicto con los propios derechos humanos.

[1] Para ver y entender en detalle lo ocurrido, desde un análisis que evidencia el patriarcado y el racismo, mostrando el funcionamiento de la ley de extranjería en función del mercado, ver la entrevista a Pastora Filigrana, abogada especializada en derechos humanos
[2] Sentencia del TJUE de 21/04/2016, ASUNTO C-558/14 KHACHAB.
*La campaña #DESPLAZADASPORELMUNDO ha sido realizada por el Grupo de Movilidad Humana de CONGDEX y financiado por AEXCID.
Imagen:JunglaJara

 

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