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#DESPLAZADASPORELMUNDO: CENTROAMÉRICA

#DESPLAZADASPORELMUNDO: CENTROAMÉRICA

Who is Dayani Cristal? es una película británica que, entre la ficción y el cine documental, nos narra el viaje que un migrante realiza desde su país de origen, Honduras, hasta su llegada a los Estados Unidos. Para cualquier persona que haya hecho ese mismo trayecto, todo puede quedar incluso endulzado, sin capacidad para reflejar toda la historia de violencia que esconden estos proyectos migratorios. La masacre de Tamaulipas del 2010, donde fueron asesinados 72 personas migrantes, marcó una página negra, la primera que mostró a la luz pública la descarnada violencia que sufren las migrantes a su paso por México. La situación, por continuada en el tiempo, se está tornando en insostenible en y demanda de un diálogo urgente y con soluciones entre todos los estados implicados. Durante el camino que realizan cruzando suelo mexicano, las personas migrantes sufren una sistemática violación de derechos humanos: son robadas, violadas, maltratadas, secuestradas y extorsionadas por cárteles y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA

La situación de violencia vivida desde la década de los 60, momento en el que comienza la guerra civil en Guatemala, continuada por las de Nicaragua y El Salvador, con la repercusión que todas estas tuvieron en territorio de Honduras, señala un escenario de conflicto bélico continuado y violencia en Centroamérica que se extiende a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. En los setenta surge un éxodo continuo de personas debido a estas guerras y a las consecuentes crisis económicas. Las políticas de tierra arrasada, la organización de movimientos contrarrevolucionarios y las dificultades para generar resoluciones pacíficas definitivas a los conflictos, fueron el germen que permitiría que la violencia entre la población pudiera asentarse a través de las maras y pandillas delictivas.

(Fuente: Migrantes en el triangulo norte_cifras Amnistía Internacional)

El Triángulo Norte de Centroamérica ha contado en los últimos años con los índices más altos de criminalidad de la región. Esta herida abierta de violencia no consigue cerrarse, entre otras razones por la aparición de las maras, pandillas delictivas originadas en Los Ángeles y otros puntos de Estados Unidos durante los años de conflicto bélico y que, tras las deportaciones masivas que conllevaron los acuerdos de paz firmados en los años 90, se extendieron principalmente por El Salvador, llegando más tarde a Honduras, y extendiéndose posteriormente a Guatemala. No son solo producto de los fuertes flujos migratorios de retorno, sino que también encuentran su fundamentación en la pobreza, la precariedad y el vacío existente en relación con unos servicios sociales básicos que no dan respuestas a las necesidades de las capas populares más desfavorecidas. Esto, unido a las dinámicas violentas y la brutalidad policial, han favorecido durante años la aparición de estas pandillas en todo el territorio centroamericano.

“LA BESTIA”      

Le llaman “La Bestia” por sus enormes dimensiones. Se le conoce también como “El Tren de la Muerte” porque viajar subido en él puede traer las peores consecuencias. El territorio de México tiene un clima diverso, con zonas en las que el calor es extremo y lleva hasta la deshidratación y otras en las que el frío se vuelve insoportable y puede desembocar en hipotermias. La posibilidad de secuestroaparece en el momento en que se entra en zonas donde la violencia del narco es ley que todo lo inunda. Y también es una amenaza el propio tren, la máquina sobre la que marchan y de la que pueden caer, en la que un tropiezo puede ser un fatal descuido, en la que dejarse vencer por el sueño puede dar con tu cuerpo en las vías y sufrir una lesión, una mutilación o la muerte. Incluso pequeños azares de la vida cotidiana pueden transformarse en mortales.

 

Con la excusa de poner fin a todos estos riesgos y aumentar la seguridad de las personas que viajan en “La Bestia”, en el año 2014 y tras una crisis por la llegada de menores a las fronteras estadounidenses, se tomaron una serie de medidas para impedir que los migrantes subieran al tren: reparación y mantenimiento de las vías ferroviarias, mejora de la conexión entre trenes y aumento de la velocidad. Desde este año y el final de 2018 se van a invertir un total de 6.058 millones de pesos (en torno a los 270 millones de euros) para incrementar la velocidad del tren en su trayecto entre el Istmo de Tehuantepec y Chiapas-Mayab, cuyo recorrido es de casi 1.000 kilómetros, con el doble propósito de agilizar el transporte de mercancías (cada año se transportan 2,5 toneladas de carga) e impedir, en definitiva, que los migrantes aborden el tren. A pesar de estas políticas y cambios, el viaje encima del tren, aunque en menor número, sigue haciéndose y los peligros no cesan.

 

LOS PELIGROS DEL VIAJE

El secuestro aparece como uno de los principales peligros en el momento en que se cruza la frontera. Las redes criminales y de trata de personas y los cárteles de la droga abusan de la inseguridad y debilidad de los y las migrantes para pedir recompensas desorbitadas a sus familiares en los puntos de origen. En los secuestros la categoría género desvela una mayor vulnerabilidad. Siempre existe un componente de violencia sexual: real o como elemento para la extorsión. En el imaginario del criminal también se entiende que existe menos riesgo si su víctima es mujer que si es hombre.

Existen redes organizadas por todo México que se aprovechan de la impunidad que disfrutan y que supone secuestrar a personas migrantes indocumentadas. El narco, grupos como Los Zetas o el cartel de Sinaloa, se aprovechan para obtener mayores ganancias a través del control de las rutas migratorias y las bandas criminales locales. Mientras, las autoridades y fuerzas del orden miran para otro lado o forman parte de estas redes. La comisión de delitos de las bandas incluye el secuestro, la extorsión, la violación y el homicidio; las pandillas cometen asaltos y violaciones en el camino.

En la violencia y criminalidad en contra de las personas migrantes subyace la aceptación cómplice o la inacción de las autoridades a todos los niveles. Desde las instituciones se señala como responsables a las pandillas criminales, omitiendo la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad que suelen involucrarse en la comisión de secuestros y asesinatos, según múltiples evidencias. La negación del acceso a derechos no suele considerarse, por lo general, como una de las fórmulas en las que se comete violencia institucional. Las leyes mexicanas recogen la atención y auxilio de las personas migrantes dentro de un marco legislativo que podríamos tildar, incluso, de progresista en muchos aspectos en cuanto a su redacción. Sin embargo, desde las diversas instituciones no se trabaja lo suficiente para hacer efectivo ese derecho. Uno de estos ejemplos se da con el acceso a la salud. La negación de este derecho es una constante en el tránsito. La mayoría de las ocasiones son las organizaciones civiles quienes se tienen que encargar de cubrir precariamente algunas de estas necesidades. Un caso parecido ocurre con el acceso a la justicia, ya que las instituciones de este sector aparecen muchas veces como elementos que dificultan el acceso a la denuncia en casos de violación o atraco. Otros derechos, como el acceso a la educación de migrantes menores de edad, apenas se plantean o abordan.

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES

Resulta necesario destacar también la violencia que se ejerce sobre la mujer fundamentada en la desigualdad de género. Ser mujer en México conlleva unos riesgos y peligros asociados. Si le añadimos la condición de migrante indocumentada, el nivel de vulnerabilidad expone a todo tipo de abusos, desde la violación al maltrato y al secuestro, pasando por las extorsiones y por el incumplimiento de los derechos fundamentales básicos por parte de las instituciones. Los diferentes estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señalan cómo a lo largo de los años hay una tendencia al aumento de la inseguridad pública y las violaciones de derechos humanos en el país, destacando la desatención que sufren aquellas personas que cruzan el país hacia la frontera Norte.

 

Se calcula que 6 de cada 10 mujeres son violadas a su paso por México. Cualquiera de las mujeres que se ha decidido a realizar el camino seguramente pueda contar una historia de abuso. La violación de las mujeres migrantes está a tal nivel sistematizada que muchas deciden tomar por pareja a hombres que puedan disuadir la posibilidad de que otros se acerquen a ellas con esa intención. Otras deciden utilizar la llamada Depo Provera, una inyección anticonceptiva que evita la ovulación durante 3 meses, tiempo suficiente para poder cruzar el país y no quedarse embarazada después de una violación. La imagen de preparar un viaje y tener que realizar un cálculo como éste resulta de una violencia terrible.

Ser madre aumenta exponencialmente los peligros que pueden sufrirse durante el viaje. Y que tus hijos hagan el viaje, transforma la experiencia de la madre que se queda en el lugar de origen en una continua incertidumbre entre noticia y noticia de su paradero. Desde hace unos años se vienen celebrando las “Caravanas de Madres Centroamericanas” con el objetivo de denunciar y buscar a las personas migrantes desaparecidas. Han servido en ocasiones para identificar a hijos e hijas perdidas por el camino, pero sobre todo para el cuestionamiento a la política del Estado mexicano frente a la migración.

 

 

LOS ALBERGUES Y CASAS DEL MIGRANTE

 

Existen ya más de 30 organizaciones civiles y religiosas, asociaciones y colectivos que gestionan Albergues y Casas del Migrante a lo largo de todo el territorio mexicano, desarrollando su trabajo con un insuficiente respaldo institucional y, en muchas ocasiones, amenazadas por pandillas locales o por cárteles. A pesar de ello, estas organizaciones están creando lazos y redes de trabajo conjuntas para ofrecer un mejor servicio y profesionalizar su labor. Existen espacios a nivel estatal y nacional para desarrollar y priorizar objetivos y líneas de actuación. La espera en los albergues se realiza en ocasiones para poder denunciar los abusos que se han cometido en algún punto del camino o en el lugar de origen. La mayoría de los albergues cuentan con expertos en materia legal que ayudan a realizar las denuncias o realizan el acompañamiento hasta la Comisión de Derechos Humanos.

Lo más fácil para personas con este perfil es acabar detenidas. Para la ONG Amnistía Internacional: “La decisión de detener a una persona migrante en situación irregular o solicitante de asilo está desprovista casi por completo de toda evaluación individualizada. La detención es la respuesta automática, y todas las personas migrantes en situación irregular aprendidas por el INM (Instituto Nacional de Migración) quedan detenidas, incluso si expresan su deseo de solicitar asilo”. En agosto de 2016 se puso en marcha el Programa Alternativas a la detención, un convenio entre el INM, la COMAR y el ACNUR, con la intención de dejar en libertad a aquellas personas detenidas en situación irregular que solicitaran asilo. Los resultados de esta propuesta aún están lejos de cambiar este escenario.

En la actualidad, la situación en los países de origen de las personas migrantes no mejora. La crisis de Nicaragua es tan solo el último de los ejemplos de la inestabilidad y la violencia a la que se enfrenta continuamente esta región. Mientras tanto, no habrá muro, por alto que sea, ni necio presidente, por imprudente que parezca, que pueda frenar los sueños de paz de los hijos e hijas del maíz y la yuca.

*La campaña #DESPLAZADASPORELMUNDO ha sido realizada por el Grupo de Movilidad Humana de CONGDEX y financiado por AEXCID.

 

 

 

 

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